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Ecuador - Caso
Chevron: Vacío jurídico en el derecho internacional y abuso
corporativo
Pablo Fajardo Mendoza
Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento de ALAI (No. 520, diciembre 2016), titulada: Transnacionales y Derechos Humanos
ALAI AMLATINA, 21/12/2016.- Hace más de 23 años,
30.000 indígenas y
campesinos residentes en las provincias de Orellana y Sucumbíos,
de la Amazonía
norte del Ecuador, agrupados en la Unión de Afectados por las
Operaciones de
Texaco, (UDAPT), iniciaron una acción judicial en contra de la
transnacional
Chevron Corporation, antes Texaco.
Para refrescar la memoria, recordemos
que Chevron, en 1964, obtuvo un concesión de más de un millón de
hectáreas en
la Amazonía norte de Ecuador, para explorar y extraer petróleo.
En esa área de
selva tropical amazónica, habitaban pueblos indígenas
ancestrales, entre ellos:
los Siekopai, Sionas, Cofanes, Waorani, Tetetes y Sansahuari.
La empresa Texaco realizó una operación
defectuosa, diseñada para incrementar su ganancia económica, con
la menor
inversión posible. Por
ejemplo: todas
las piscinas, de una dimensión mínima que sobrepasaban en
promedio los 300
metros cuadrados, las construyó lo más próximo a las fuentes de
agua
superficial. Vertió
intencionalmente a
los ríos de la Amazonía más de 16.000 millones de galones de
agua tóxica (agua
mezclada con tóxicos producto de la extracción); provocó cientos
de derrames de
crudo, que nunca remedio, cubrió con petróleo más de 1.500
kilómetros de vías o
carreteras.
En conclusión, causó de forma
intencional y reiterada, la destrucción de más de 450.000
hectáreas de bosque
tropical amazónico. De
acuerdo a la ley
ecuatoriana, al contrato de concesión y a las prácticas
operacionales de esa
época, la compañía estaba obligada a utilizar la mejor técnica,
para evitar el
impacto ambiental y así no afectar la vida de las personas ni
del ecosistema;
pero, la actitud irresponsable adoptada por Chevron generó uno
de los peores
desastres ambientales de la historia de la humanidad, causado
por una
transnacional.
Según varios estudios de salud, entre
ellos los contenidos en los libros “Las Palabras de la Selva”,
de Carlos
Berinstain y “Cáncer en la Amazonía”, de Miguel San Sebastián,
realizados en la
zona, se determina la existencia de cientos de casos de cáncer,
que son plenamente
atribuibles a la constante exposición a los tóxicos arrojados
por la petrolera.
Proceso
judicial
Con el sueño de lograr una reparación
del daño causado por las operaciones de Chevron, más de 30.000
indígenas y
campesinos de la Amazonía ecuatoriana, en el 1993, plantearon
una demanda en
contra de la petrolera Texaco, en el estado de Nueva York; es
decir, ante el
sistema judicial norteamericano.
Chevron activó dos argumentos para su
defensa:
a. Desestimar
la demanda.
Para procurar convencer a los jueces
norteamericanos que desestimen la demanda, la petrolera logró
incidir en el
Gobierno de Ecuador, con el cual suscribió un contrato, en el
que la petrolera
se comprometió a remediar una parte del daño causado.
b. Foro
no conveniente. El segundo argumento de la petrolera
fue el de que el sistema norteamericano, no era el foro
conveniente y que si se
debía tramitar un juicio, éste debía ser ante el sistema
judicial ecuatoriano.
Finalmente, luego de nueve años de
litigios ante el sistema norteamericano, Chevron ganó esa
batalla y el caso se
radicó en el Ecuador, en donde la petrolera argumentó que el
sistema judicial
ecuatoriano no era competente para procesar este juicio.
En el 2011, la UDAPT logró que Chevron
sea condenada a pagar más de 9.500 millones de dólares, que
serán destinados a
reparar el daño causado.
Sin embargo, durante todos esos años de proceso, Chevron retiró todos sus bienes y activos que tenía en el Ecuador, lo que determina que la sentencia que ganaron los afectados, se vuelva inejecutable en el país donde se produjo el daño.
Hasta este día, la UDAPT, con su esquipo
de abogados, ha luchado en las cortes de EE.UU., Canadá,
Ecuador, Brasil,
Argentina e incluso ante la Corte Penal Internacional. Ha recurrido a varias
relatorías de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, pero hasta hoy no logra un pleno
acceso a la
justicia.
¿Cuáles
son los obstáculos que tienen los afectados para lograr un
adecuado acceso a la
justicia?
Existen múltiples obstáculos que impiden
que pueblos y/o comunidades afectadas tengan pleno acceso a la
justicia y sean
tratadas en igualdad de condiciones que las corporaciones.
Costo económico. Según datos,
algunos públicos y otros por análisis de costo, Chevron ha
gastado más de dos
mil millones de dólares en su defensa. Ha
contratado más de 60 bufetes de abogados en distintos países,
decenas de
empresas de comunicación, de lobby, e incluso empresas de
espionaje y
persecución como Kroll por ejemplo, que es una de las compañías
de espionaje
más grandes del mundo. Esa
corporación,
a fines de 2013, reveló que en ese año había facturado más de
15.000.000 de
dólares a Chevron, por espiar y perseguir al equipo de la UDAPT.
Adicionalmente, Chevron
usa mucho de su dinero
para chantajear a distintos gobiernos del mundo, con el fin de
comprar
impunidad. Por ejemplo,
cuando la UDAPT
logró activar el embargo en la República de Argentina, Chevron
ofreció realizar
millonarias inversiones en el yacimiento Vaca Muerta, a cambio
que los jueces
levanten el embargo que la UDAPT había conseguido activar en ese
país. Finalmente, el
chantaje les funcionó, la Corte
Suprema de Argentina, el 4 de junio del 2013, levantó el embargo
y el 16 de
julio del mismo año (2013), se suscribió el contrato de
inversión entre Chevron
y el Gobierno argentino.
Es imposible para los pueblos indígenas
y campesinos competir y hacer frente a una corporación con un
sistema que no
garantiza la igualdad para las partes.
Ocultamiento tras las empresas subsidiarias.
Según el informe publicado en el 2011, PipingProfits, de
PublishWhatyouPay de
Noruega[1],
Chevron es una de las corporaciones más opacas del mundo. Mantiene más de 77 empresas
subsidiarias, la
mayoría de ellas en los denominados paraísos fiscales. Uno de los casos que nos
aclara mejor esta
telaraña es la ingeniería que construyeron en Argentina para
ocultarse de
nuestro juicio[2].
La UDAPT, que ganó el
caso de forma
legítima ante las Cortes del Ecuador, hoy está abocada a
realizar distintas acciones
de exequátur (homologación de sentencia) en jurisdicciones
extranjeras, entre
ellas Canadá, Brasil y Argentina. En
todas ellas, Chevron procura ocultarse tras el velo societario,
tras las
subsidiarias.
Uso de la ciencia para torcer la verdad.
Durante el proceso judicial en Ecuador, se generaron más de
80.000 resultados
físicos químicos, 106 informes o reportes de expertos, 60 de los
cuales pagados
totalmente por Chevron. El
legado de
tóxicos dejados por Chevron en nuestra Amazonía es inocultable,
es evidente,
tanto así que, a los propios expertos contratados por Chevron se
les hacía
imposible no encontrar contaminación. Durante
la fase de investigaciones de campo, el multitudinario equipo de
expertos que
trabajaba para Chevron debía hacer un gran esfuerzo para no
hallar residuos de
tóxicos, dejados por la petrolera, en la Amazonía; y cuando
daban con ellos,
que era siempre, el trabajo de los expertos era ocultarlos o
minimizar su
impacto[3].
Sistema de justicia inaccesible para los
pueblos afectados.
Cuando nuestro caso fue planteado ante el sistema de justicia de
los EE.UU.,
Chevron argumentó que los jueces norteamericanos no tenían
competencia para
procesar este juicio, que no era el foro conveniente. Cuando el caso vino al
Ecuador, Chevron
argumentó que los jueces del Ecuador no eran competentes para
procesar el
juicio. Luego, cuando la
UDAPT ganó el
litigio en Ecuador e iniciamos las acciones de Exequátur en
Canadá, Brasil y
Argentina, Chevron arguye, en las tres jurisdicciones, que esos
jueces no son
competentes para procesar este proceso. Este
argumento lo pone Chevron porque sabe que no existe en el mundo
un instrumento
jurídico que permita juzgar corporaciones, ni una estructura o
corte internacional
para ese fin. Este es el
gran vacío que
existe en el planeta.
Protección del país de origen de la
corporación. En
este caso, es evidente que tanto el sistema
judicial de los EE.UU. como la administración pública de ese
país, han
protegido y siguen protegiendo ferozmente a la corporación.
Por ejemplo, en su momento revelaron al
menos nueve cables Wikileaks, que evidenciaban los nexos y las
presiones que
ejercía la embajada estadounidense en Quito, en contra del
Gobierno
ecuatoriano, y del sistema judicial del Ecuador, para ayudar a
Chevron.
Adicionalmente, en los últimos años, el
sistema de justicia de los EE.UU., asentado en Nueva York, ha
emitido
resoluciones que prohíben que se pueda ejecutar la sentencia
nuestra en los EE.UU.,
todo por un supuesto fraude. Durante
el
proceso judicial, prohibieron a los ecuatorianos y sus
defensores hablar de la
contaminación ambiental generada por Chevron; los jueces que
fallaron en favor
de Chevron no conocen el Ecuador, no conocen el daño causado por
Chevron, no
han leído la prueba que se generó para que exista la sentencia
en el Ecuador, y
al menos uno de esos jueces tiene inversiones económicas en
Chevron, a través
de fondos de inversión. ç
Igualmente existen diversos documentos
que revelan las reuniones de Chevron con altos funcionarios del
Gobierno norteamericano,
realizando planes para incidir en el Gobierno de Ecuador.
Tratados internacionales. Por
último, los tratados bilaterales de protección de inversiones no
hacen más que
cerrar el círculo para garantizar la impunidad a las
corporaciones. En el
fondo, en los tratados se incluyen
normas que generalmente están por encima de las normas
domésticas de los
Estados, y que a la postre garantizan a las corporaciones
realizar sus
operaciones de forma segura; pero jamás garantizan el acceso a
la justicia a
comunidades afectadas, ni a los Estados cuando las empresas
generan desastres
ambientales y sociales. Chevron
ha
planteado tres arbitrajes internacionales en contra del Estado
ecuatoriano,
procesos a los cuales los afectados no tenemos acceso. Sin embargo, pese a la óptima
defensa que haga
el Ecuador, el sistema de arbitraje siempre favorece a las
corporaciones.
Los 23 años de lucha de la UDAPT contra
Chevron son el más claro ejemplo de cómo las corporaciones
transnacionales han
creado una verdadera arquitectura que les garantice impunidad,
lo que nos
demuestra que el problema que tenemos es sistémico. El sistema excluye a los
pueblos del acceso a
la justicia y garantiza completa impunidad a las corporaciones
transnacionales.
Para ilustrar mejor esta complejidad,
aquí formulo varias preguntas. ¿Cómo
se
explica el hecho de que cuando una persona quiere demandar a un
Estado ante el
sistema regional o internacional de Derechos Humanos, éste
primero debe agotar
todos los recursos internos de su país; mas sin embargo, las
corporaciones
transnacionales pueden demandar a los Estados directamente? ¿Por qué este trato
diferenciado? ¿Por qué
los instrumentos jurídicos
internacionales de Derechos Humanos, ambiente, pueblos
indígenas, son
declaraciones no vinculantes; mientras que los instrumentos
jurídicos para
proteger las inversiones, al inversionista, a las corporaciones,
son convenios
vinculantes?
Pablo
Fajardo Mendoza,
abogado ecuatoriano, es Procurador común y
representante legal de los pueblos de la Amazonía, agrupados en
la UDAPT, en el
juicio contra Chevron Corporation.
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