TRES VETOS CONTRA LOS
INTERESES POPULARES
El
día 27 de diciembre se ha conocido la noticia de que el Poder Ejecutivo Nacional
ha vetado tres leyes sancionadas por el Poder Legislativo Nacional, tres leyes
significativas para el conjunto de la población, las trabajadoras y los
trabajadores:
Ha
vetado la ley 27.331 por la cual se establecía el “salario mínimo profesional”.
Una conquista de los trabajadores, materializada en la originaria Ley de
Contrato de Trabajo, derogada por la
última dictadura cívico militar. En los considerandos del decreto donde se
fundamenta el veto, falazmente se utiliza el concepto de “autonomía sindical”
para eludir los estándares mínimos en materia de “salario” consagrados en el
articulo 14 bis de la Constitución Nacional, en Tratados, Declaraciones, en
Convenios de la OIT y en doctrina de la propia Corte Suprema de Justicia de la
Nación consagrada en los fallos “Pérez c/Disco”, “Díaz, Paulo Vicente c/
Cervecería y Maltería” y “ATE c/Municipalidad de Salta”, entre otros.
También ha vetado la ley 27.344 por la cual se expropiaba la
propiedad del Hotel Bauen a favor de los trabajadores que durante una histórica
lucha de quince años, autogestionaron el mismo frente al abandono malicioso de
sus anteriores propietarios en el medio de la crisis social y económica de la
Argentina más importante de las últimas décadas. También, en forma mendaz – pero
que da cuenta de la orientación política y social del Gobierno – en el decreto
de veto se señala que "la administración
de los recursos públicos se debe realizar de manera responsable, de conformidad
con los fines públicos y apegada a los principios de buena administración que
debe perseguir toda acción de gobierno, mientras que las obligaciones -que
derivan de la ley- resultarían sumamente gravosas para el Estado". ¿Qué fin
público expresa quitarle la fuente de trabajo a aquellos que en medio de una
crisis terminal, los trabajadores, se pusieron al hombro semejante empresa para
salir adelante? En realidad, esta acción gubernamental prioriza el derecho de
propiedad privada individual por sobre los derechos fundamentales de los
trabajadores y los sectores populares.
El
Estado Argentino ha desconocido sus obligaciones ineludibles en materia de
efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. También así lo ha
confirmado mediante el veto a la Ley para la detección de la trombofilia, que
potencia el riesgo de vida de los futuros niños y niñas, demostrando su
concepción de la salud como negocio.
Desde
la Asociación de Abogados Laboralistas, repudiamos los vetos gubernamentales por
su sentido antipopular y su claro contenido regresivo, por ende,
inconstitucional. Y redoblamos el esfuerzo por el compromiso con la defensa de
la vigencia de los derechos sociales.
CONSEJO DIRECTIVO
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