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Las rémoras de la dictadura
Julio
C. Gambina
ALAI
AMLATINA, 05/05/2017.- La
Corte Suprema de Justicia validó por mayoría el 2x1 (beneficio a
genocidas condenados por delitos de lesa humanidad), habilitando
la libertad de los condenados por sus responsabilidades en el
genocidio. Es obvio que una parte de la sociedad avala la
disposición y que al mismo tiempo existe un amplio rechazo
social y político.
En
rigor, se vuelve a tensar a la sociedad en torno al “juicio histórico”, no solo el “juicio legal”, sobre los
acontecimientos suscitados hace más de 4 décadas y que
involucraron a militares, a civiles, a religiosos y muy
especialmente a sectores económicos que se beneficiaron con los
cambios estructurales acaecidos desde entonces y que sustentan
aun hoy la impunidad de beneficiarios y ejecutores.
Remito
a cambios que fueron profundizados en distintos momentos en
estos años, bajo administraciones constitucionales, tanto en los
90´ como en la actualidad y
por eso nos convoca a repensar la relación entre terrorismo de
Estado, orden económico y coyuntura.
La
obcecada decisión de disciplinar el conflicto social y sindical,
negando actualización salarial por la diferencia entre la
inflación y los acuerdos de parte en 2016 y obviando la
proyección reiterada del desajuste entre ambos aspectos para el
2017, da cuenta de una continuidad esencial entre el propósito
de aquellos años de plomo y el presente.
Ofensiva
contra trabajadoras y trabajadores
En
1975/76 y los años siguientes se instaló un propósito que con
matices se proyecta a nuestros días. Se trataba de disminuir el
costo de producción afectando los ingresos salariales para
inducir una mejora en la tasa y masa de ganancias del sector más
concentrado de la economía.
Más
allá de relativas recomposiciones en ciertos momentos de estos
42 años, la tendencia principal, en sentido histórico es una
menor participación del salario en la distribución funcional y
personal del ingreso, agravada con el cambio del papel del
Estado que deterioró su función social destinada a asegurar
derechos de educación, salud, empleo, etc.
Los
cambios estructurales en el orden económico social enunciados en
el programa económico de la dictadura genocida se materializaron
en un proceso continuo que nos trae al presente, insistamos, más
allá de relativas discontinuidades o atenuaciones en este tiempo
histórico.
Por
eso, cada vez que se puede, el sistema político responde al
mandato de las clases dominantes y persiste en el rumbo
estratégico para debilitar a los trabajadores y trabajadoras en
la relación con las patronales.
No
debe sorprender la actitud contra los docentes en todos los
niveles, incluso en estas horas la presión sobre el sindicato y
los trabajadores del sector lechero para atender el
financiamiento de una empresa como SANCOR en crisis.
Disciplinar
social, sindical y políticamente es imprescindible para abrir
paso al programa de máxima del sector hegemónico en la economía
local y por eso la intervención del Gobierno ante el conflicto,
negando paritarias, aplicando cuando se puede el protocolo de
seguridad y una fuerte iniciativa ideológica y propagandística
para deslegitimar las demandas salariales y laborales.
Necesitan
explicitar la estrategia para convencer a potenciales inversores
que demandan desarticular un elevado nivel de sindicalización
que existe en Argentina, con relación a lo que acontece en la
mayoría de los países del mundo. Recordemos que hace ya unos
años, las patronales y varios Estados nacionales empujan en la
reunión anual de la OIT la eliminación del derecho a huelga.
Lo
que se pretende desde los tiempos del terrorismo de Estado
apunta a desarticular la organización sindical en el país y su
trayectoria histórica plural de conflicto y “paro general”, no necesariamente usual
en otros territorios, incluso por debilidad o complicidad de las
direcciones sindicales. Sin ir lejos se puede recuperar la
historia reciente y verificar que el último paro nacional debió
ser arrancado ante la escasa convicción de la dirigencia
tradicional.
El
poder detrás del poder
Los
poderes del Estado, en consenso unánime o con matices retoman el
sentido histórico del plan reaccionario de 1975/76, cuyos
resultados son el crecimiento de la desigualdad, lo que supone
creciente enriquecimiento de pocos y empobrecimiento de muchos.
Los últimos datos oficiales nos hablan de 30,3% de pobres por
ingresos y que para menores de 14 años alcanza al 45% de la
infancia.
Junto
a ello se destaca la extranjerización de la producción que
tributa a una acumulación mundializada definida por las
transnacionales en las distintas actividades de la economía
local.
Vale
destacar que la desigualdad es simultánea a la dependencia de la
Argentina, la que se consolida con las relaciones subordinadas
al curso restaurador que supone la ofensiva liberalizadora en
estas horas en todo el continente y en el mundo.
Los
integrantes de la Corte Suprema fueron propuestos por el Poder
Ejecutivo y designados por el Poder Legislativo, lo que afirma
el carácter republicano del orden capitalista en el país.
Pretendo
llamar la atención de una lógica subyacente en la decisión del
máximo tribunal del Poder Judicial, coherente con la búsqueda
del poder “real”, detrás de las formas de
la democracia electiva e institucional (constitucional).
Con
la reforma judicial en curso, con antecedentes desde el comienzo
de la Dictadura genocida se busca otorgar “seguridad jurídica” a los inversores, el
poder detrás del poder, a contramano de la seguridad social
masiva que inspira una concepción solidaria de derechos humanos
integrales para toda la sociedad.
Esa
seguridad supone la impunidad con los dueños del poder y
aquellos sectores que fueron o son funcionales para la ejecución
del plan del poder sustantivo.
Resulta
imprescindible denunciar el fallo de la Corte y bregar para su
revocación, al tiempo que se profundiza la promoción de los
juicios y el castigo a todos los responsables del genocidio y la
regresiva reestructuración económica y social operada desde
1975/76, lo que supone discutir el modelo productivo y de
desarrollo construido desde entonces con la secuela de
beneficiarios y perjudicados.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2017
- Julio C. Gambina es
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y
Políticas, FISYP
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de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/185298
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