Argentina: cambio y marcha
atrás.
Carlos Iaquinandi Castro *
“¿Tu país va mejor ahora, verdad…
?”. Esta ha sido en los últimos meses la pregunta recurrente para los argentinos
que hace muchos años tuvimos que rehacer nuestras vidas lejos de nuestra tierra
de origen. Y el interrogante nace de las pocas noticias que esporádicamente se
publican en la prensa. Generalmente, son declaraciones del presidente Macri
sobre los “avances económicos” y el augurio de que “todo irá mejor”. Es -
posiblemente - lo que los
argentinos pensarían de España si se limitaran a leer los titulares con las
afirmaciones de Rajoy. La realidad de aquí, la vivimos y la conocemos. La de
allí, tampoco es la que cuentan Macri y su partido “Cambiemos”.
Argentina se encuentra en un proceso
involutivo, de regreso a las más duras políticas neoliberales y afronta nuevas
leyes laborales, despidos, subas de tarifas y de precios, recortes salariales y
pérdida de derechos y libertades. En paralelo, beneficios y ventajas para las
grandes operaciones financieras y para las grandes empresas. En definitiva, es
en lo económico y social, la restauración de los objetivos que tuvo la dictadura
cívico militar del 76.
Pero vamos a los hechos: con dos
nuevas designaciones en la
Corte Suprema de Justicia y el cambio de voto
de un tercero de sus componentes, el gobierno logró un insólito fallo por
mayoría que significa un indulto encubierto de los militares juzgados y
condenados por delitos de lesa humanidad. Han aplicado una ley que otorga un
“2x1”, utilizada para delitos comunes y en circunstancias de colapso judicial, y
que estuvo vigente entre 1994 y el 2001. Con esa argucia, cada año de prisión,
cuenta como si hubieran cumplido dos. La decisión no se sostiene jurídicamente,
pero no parece ser obstáculo cuando la justicia deja de ser independiente.
Lo que no han podido evitar es el
rechazo de todos los organismos de derechos humanos, pero también de los
sindicatos, partidos de la oposición, movimientos sociales y hasta de miembros del gobierno y de sus
aliados. Para el próximo miércoles
10 se ha convocado una gran
concentración de protesta frente al Palacio de Tribunales en Buenos
Aires. Es que el fallo, abrirá posibilidades a cientos de militares condenados
que pedirán acogerse al mismo beneficio. Entre ellos pueden figurar personajes
siniestros como los oficiales de Marina Alfredo Astiz y Jorge Acosta
responsables del secuestro y posterior asesinato de varias de las fundadoras de
Madres de Plaza de Mayo y de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet en
un operativo realizado en la
Iglesia de la
Santa Cruz. Todos los detenidos fueron
torturados y luego arrojados desde aviones navales al Río de la Plata. El conjunto de
militares condenados son responsables de cientos de crímenes de lesa humanidad.
Mientras tanto, en la norteña
provincia de Jujuy, permanece encarcelada Milagro Sala, activista social, líder
del movimiento Tupac Amaru, y parlamentaria del Mercosur. Fue condenada a tres
años de prisión en suspenso por un “escrache” en el 2009 al gobernador de esa
provincia. En la audiencia judicial, Milagro sostuvo que “el pecado” de la
organización que dirige “fue querer que haya igualdad”. Los reclamos por su
libertad no han sido escuchados.
Pero no son estos los únicos
síntomas de la grave situación argentina. Hay otros hechos no menos
escandalosos, como el secuestro, paliza y amenaza de muerte contra un fiscal
bonaerense en dos oportunidades, la última en su propio despacho donde le
dejaron maniatado y amordazado. Le exigían que no se hiciera cargo de una causa
sobre corrupción policial.
Y también en estos dias, se tuvo
conocimiento de la entrada en el Congreso de un proyecto de “Ley Mordaza” que
propone modificar el Código Penal y
el agravamiento de penas a los manifestantes callejeros. Pueden ser de uno a
tres años de cárcel por tener “elementos contundentes”, llevar el rostro
cubierto o entorpecer el tránsito. Si un juez considera que la protesta
callejera es “ilegítima” porque pide la derogación de una norma o contradice una
decisión oficial, podría ser condenada con hasta 10 años de cárcel por “amenaza
coactiva”.
A veces, el abrumador control de los
principales medios de comunicación ( en especial los canales de TV ) no son
suficientes para invisibilizar la protesta social, o para domesticar las
conciencias. Es por ello que también son necesarias medidas que frenen los
reclamos de la gente y garanticen el control social. Resumiendo, Argentina, no vá mejor. Está
involucionando. Como decía Antonio Machado, “la verdad es la que es, y sigue
siendo verdad, aunque se cuente al revés”.
Enlace del artículo en
Serpal: http://serpal.info/opinion/
Fuente: Diari de Tarrragona/Reus
/ Catalunya/ España- 8 mayo 2017
* Periodista, redacción de SERPAL., Servicio Prensa
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08 de Mayo de 2017
Enviado
por SERPAL
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La línea editorial de SERPAL, en todo caso, queda expresada en la
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preparada exclusivamente por nuestra redacción.
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