Boletín diario del Portal Libertario OACA

Operación represiva contra el movimiento anarquista en Italia. Siete personas ingresan en prisión

Posted: 15 Sep 2016 07:23 AM PDT

Este martes 6 de septiembre, se han detenido a 7 compañerxs anarquistas acusadxs de pertenecer a la Federación Anarquista informal (FAI), las detenciones fueron realizadas por la DIGOS (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) encabezada por el fiscal Roberto Sparagna. La acusación en contra de lxs compañerxs es de asociación con fines terroristas y la investigación, coordinada por el fiscal de Turín, les atribuye la colocación de tres bombas. Una en el barrio Crocetta de Turín, el 5 de marzo del 2007, y dos en el centro de formación policial de Fossano, el 2 del junio de 2006.
Además de las detenciones de estas individualidades y donde otrxs 8 compañerxs fueron puestxs bajo investigación, entre ellxs el compañero Gabriel Pombo Da Silva. Se realizaron allanamientos a 29 viviendas situadas en Piemonte, Liguria, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Sardegna, Abruzzo, Campania y Umbria.
Lxs anarquistas detenidxs serían: Anna Beniamino (46 años), Marco Bisesti (33 años), Danilo Emiliano Cremonese (40 años), Alessandro Mercogliano (43 años) y Valentina Spaziale (39 años). De las otras dos personas se desconoce su identidad, pero serían dos mujeres y las estarían vinculado a la FAI – “Nucleo Olga”, grupo que se adjudica el ataque a Roberto Adinolfi, en mayo del 2012 en Génova, donde los compañeros Nicola Gai y Alfredo Cospito fueron condenados a 9 años, 4 meses y 10 años, 8 meses respectivamente.
La operación, denominada “Scripta Manent”, pretende atribuir a una única dirección una serie de acciones que tienen en común la reivindicación de parte de la Federación Anarquista Informal, recalcando la estrategia represiva de algunos precedentes como la Operación Cervantes o la Operación Osadía y tratando de superponer una estructura asociativa y jerárquica en las expresiones de la conflictividad anarquista.
En concreto, los ataques incluidos en esta investigación incluyen el paquete explosivo enviado en mayo de 2005 al director del CPT (N. de T.: “Centri di Permanenza Temporanea”, Centro de Permanencia Temporal), al cuartel de vigilancia de Turín – San Salvario y al superintendente de Lecce [reivindicado por la FAI/Narodnaya Volia], el dispositivo explosivo contra el cuartel del RIS de Parma [24 de octubre de 2005, reivindicado por la FAI/Cooperativa Artesana Fuego y Afines (ocasionalmente espectacular)], el dispositivo contra el cuartel de Carabinieri de Fossano [2 de junio de 2006, reivindicado por la FAI/RAT (Revuelta Anónima y Tremenda)], el paquete bomba enviado en Turín en julio de 2006 a Coema Edilità (empresa envuelta en la re-estructuración de los CIE), al alcalde Sergio Chiamparino y al director del Torino Cronaca [reivindicado por la FAI/RAT (Revuelta Anónima y Tremenda)], las bombas colocadas en el barrio turinés de Crocetta [7 de marzo de 2007, reivindicadas por la FAI/RAT (Revuelta Anónima y Tremenda)]; además de otras acciones, también el ataque a Adinolfi [7 de mayo de 2012] por el cual dos compañeros han sido ya condenados y han reivindicado públicamente el ataque, vuelve a corroborar el relato asociativo.
Para estructurar los indicios, parece que los investigadores se han dotado además de peritos lingüísticos y grafólogos, además de vigilancia informática, micrófonos ambientales y acecho.
En cuanto a las direcciones, por el momento sabemos que lxs compañerxs están en las siguientes cárceles:
BISESTI MARCO: C.R. REBIBBIA via Bartolo Longo n. 72 – 00156 ROMA
MERCOGLIANO ALESSANDRO: C.R. REBIBBIA via Bartolo Longo n. 72 00156 ROMA
BENIAMINO ANNA: C.C. CIVITAVECCHIA via Aurelia nord km 79,500 n. snc 00053
CREMONESE DANILO EMILIANO: C.C. via San Donato n.2- 65129 PESCARA
SPEZIALE VALENTINA: C.C. via Ettore Ianni n.30 – 66100 CHIETI
ALFREDO Y NICOLA: SE ENCUENTRAN TODAVÍA EN FERRARA EN AS2
Mientras que Daniele, compañero de la redacción de CROCE NERA ANARCHICA , fue detenido en relación a otros procedimientos por los cargos de posesión de material para la fabricación de artefactos explosivos, tras el descubrimiento en su departamento de algunas baterías e instrucciones de electricista.
CORTELLI DANIELE: C.C. regina coeli Via della lungara n29 – 00165 ROMA
Recordamos que en cuanto a la recolección de dinero para lxs compañerxs en prisión, el caso está activo.
Para enviar contribuciones solidarias
N ° tarjeta American Express Bank: 4023 6009 1934 2891
A nombre de: Omar Nioi
Despedimos la noticia con una carta del compañero Lello detenido en la operación:
Compañeros y compañeras:
Ayer por la noche la represión ha arrestado a seis compañeros “libres” y dos que ya están presos, y realizaron allanamientos a 33 hogares de compañerxs.
Esta ola de represión ha llegado a una parte del movimiento anarquista… esta parte no tiene representantes y no tiene ningún portavoz, por lo que cada uno expresa lo que su conciencia y es responsable de lo que dice.
La represión como siempre quiere asustar e intimidar, nos quiere obligar a detener o dar un paso atrás.
Agradecemos a todxs lxs que han expresado solidaridad… la solidaridad de lxs compañerxs es siempre útil y valiosa.
Por nuestra parte, invitamos a los compañeros y compañeras ha expresar su solidaridad de la única manera que creemos que es eficaz.
Compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, no deben permitir que la represión logre su objetivo. Todos juntos debemos luchar por multiplicar nuestros esfuerzos por hacer de la lucha cada vez más fuerte, eficaz y destructiva contra cualquier forma de poder… por supuesto cada uno va a seguir su propia conciencia y hacer lo que mejor le parezca.
Responder a la represión significa pasar a la ofensiva, sólo entonces podemos ayudar a nuestros compañerxs presxs.
Un abrazo a todas y todos.
Lello, El que está en silla de ruedas.

Más info: InstintoSalvaje y Contramadiz

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Grupo Libertario Pensamiento Crítico

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Posted: 14 Sep 2016 12:48 PM PDT

Imagen: El cadáver de EmErito Samarca, tal y como fue encontrado el 1 de septiembre en Mindanao, Filipinas.

El 1 de septiembre Emerito Samarca fue degollado y asesinado a puñaladas por un grupo paramilitar conocido como Milicia Magahat-Bagani / Marcos Bocales. Samarca era el director de ALCADEV, un centro de aprendizaje alternativo para el desarrollo de la agricultura y sustento de las comunidades indígenas, establecido por las comunidades indígenas Lumads.
Esta escuela imparte clases de educación secundaria a jóvenes de varias etnias indígenas (Manobo, Higaonon, Banwaon, Talaandig y Mamanwa) que habitan las montañas de Surigao. El cadáver de Samarca fue hallado en una de las aulas del complejo escolar ALCADEV, en la localidad de Han-ayan, Barangay Diatagon, Lianga, Surigao del Sur, en la isla de Mindanao, Filipinas.
Dos días antes del asesinato de Emerito Samarca, unos 40 miembros del 36 Batallón de Infantería y el 75 Batallón de Infantería del Ejército de Filipinas, el Primer Regimiento de Fuerzas Especiales y los grupos paramilitares Magahat-Magani / Marcos Bocales habían ocupado y patrullado toda la zona, incluyendo el complejo escolar ALCADEV, la localidad Han-ayan y otra escuela dirigida por el Programa Tribal Filipino de Surigao del Sur.
Posteriormente, la milicia Magahat-Magani / Marcos Bocales, apoyada por fuerzas del Estado según el testimonio de testigos e informes de Karapatan (organización de defensa de los derechos humanos), amenazó al personal, a los alumnos de la escuela y a los miembros de la comunidad con matarlos si no abandonaban la zona en dos días.
El 31 de agosto, la mayor parte del personal de ALCADEV, así como los residentes de Han-ayan, abandonaron el pueblo aterrorizados, estableciéndose en una aldea en el kilómetro 16. Esa misma noche, miembros de la milicia Magahat-Magani llevaron a cabo una redada en la aldea, confiscando los móviles y cámaras de los residentes y forzándoles a retirarse al centro local de la comunidad.
Después de la redada, aproximadamente a las 4 de la mañana del 1 de septiembre, la hora en la que se estima que Samarca fue asesinado, muchos de aquellos que habían huido de Han-ayan presenciaron el asesinato de Dionel Campos, presidente de Malahutayong Pakigbisog Alang Sa Sumusunod (MAPASU), una organización que hace campaña contra la explotación minera a gran escala en Surigao del Sur y que representa a las comunidades indígenas. Su primo, Bello Sinzo, fue también asesinado: miembros de la milicia Magahat-Magani lo ejecutaron frente a cientos de residentes en la aldea del kilómetro 16. El 6 de noviembre continuaban las operaciones militares y las misiones de las Fuerzas Especiales, que van acompañadas por fuerzas armadas paramilitares, en estas áreas de montaña y en las comunidades que se han visto forzadas a evacuar.
Los responsables de las masacres, Loloy Tejero, Garito Layno, Bobby Tejero, Marcial Belandres, Marcos Bocales, Calpet Egua, Hasmin Acevedo y sus unidades/tropas se pasean con libertad e impunidad por las comunidades afectadas. Algunos de ellos se suman a operaciones militares en las montañas o permanecen en campamentos militares. Siguen llegando noticias de incendios provocados de casas, cooperativas, escuelas, propiedades y cultivos en las áreas que han sido evacuadas a la fuerza.
Nueve de cada diez niños de las comunidades indígenas Lumad no tienen acceso a la educación. Aun así, el gobierno de Filipinas ha ordenado el cierre de tres complejos escolares Lumad en esta área, afectando así a más de 1.000 estudiantes.
Estos asesinatos y sus circunstancias son paradigmáticos de la violencia de Estado que sufren las comunidades indígenas en Filipinas casi cotidianamente, especialmente en la isla de Mindanao. Otra masacre reciente tuvo lugar el 18 de agosto, cuando tropas del ejército pertenecientes al Primer Batallón de Fuerzas Especiales asesinaron a cinco miembros de la Asociación de Agricultores de la etnia manobo, una asociación de campesinos Lumad en el área.
Hay pruebas de las masacres recientes en Lianga y en otras partes de Surigao: han salido a la luz numerosos informes, fotografías y testimonios (recogidos por Karapatan, Rural Missionaries of the Philippines, Save our Schools Network o Human Rights Watch, y difundidos en plataformas digitales como Bulatlat, Kilab Multimedia, Tudla Productions, Altermydia y Rappler, entre otros).
También se ha probado que los criminales que perpetraron estas masacres lo hicieron al amparo de, y protegidos e instigados por poderosos agentes del Estado filipino: durante la audiencia del Senado que tuvo lugar los días 1 y 2 de octubre, en la que se reunieron el Comité de Justicia y Derechos Humanos y el Comité de Comunidades Culturales, dirigidos por el senador Teosfito Guingona II y por el Senador Aquilino Pimentel III en la ciudad de Tandag, quedó demostrado que las Fuerzas Armadas de Filipinas organizaron, armaron y acompañaron a las milicias armadas y grupos paramilitares o bandidos criminales. Las víctimas de los hechos, así como también personalidades de la Iglesia y oficiales del gobierno de Surigao del Sur, lo atestiguaron.
En los comunicados de las Fuerzas Armadas de Filipinas se alega que las comunidades, escuelas, organizaciones e individuos que han sido objetivo de las campañas militares descritas apoyan al Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army, NPA), la llamada insurgencia comunista, justificando de este modo que estas comunidades sean el blanco de sus operaciones.
Este tipo de argumentos son utilizados por las fuerzas militares para justificar sus ataques a civiles, escuelas y comunidades enteras. El comunicado del Senador Guingona es muy claro al respecto: la ideología no constituye una base para justificar asesinatos sumarios, desplazamientos o amenazas a cualquier persona.
Según informes de Karapatan, desde junio de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2015 se han cometido 294 asesinatos extrajudiciales y 318 asesinatos frustrados; 27 personas han desaparecido; 172 personas han sido víctimas de tortura; 6 personas han sido víctimas de violaciones sexuales; 555 personas han sido víctimas de asalto físico y lesiones; se han llevado a cabo 911 arrestos y detenciones ilegales, principalmente por cargos fabricados; más de 65.000 personas han sido forzadas a evacuar debido a operaciones militares; se han cometido 15 masacres (49 individuos asesinados en Montalban-Rizal, Labo-Camarines Norte, Libmanan y Caramoan -Camarines Sur, Daraga – Albay, Mobo-Masbate, Uson-Masbate, Kananga-Leyte, Tagaloan-Misamis Oriental, Pangantukan-Bukidnon, Lianga-Suriago del Sur, Paquibato Distric-Davao City y Kiblawan-Davao del Sur) y muchas otras violaciones de los derechos humanos. Solamente entre agosto de 2015 y el 1 de septiembre de 2015 Karapatan ha registrado 16 víctimas de asesinatos políticos.
Actualmente hay 537 prisioneros políticos en Filipinas, cuyo encarcelamiento se ha llevado a cabo mediante el uso de instrumentos fraudulentos, tales como la formulación de falsos cargos; órdenes judiciales deficientes; falsos testimonios; testigos sobornados por las fuerzas militares; la colocación ilícita de pruebas falsas para justificar la formulación de cargos que no admiten libertad bajo fianza y la flagrante distorsión de la ley vigente.
Ni uno solo de los perpetradores de estos asesinatos o violaciones de los derechos humanos ha sido condenado. Al contrario: los militares responsables de estas operaciones suelen ser promocionados, especialmente en Mindanao, cuyas vastas tierras prometen gran riqueza de recursos minerales y plantaciones fértiles.
La tendencia indica que la realidad sobre el terreno continúa deteriorándose significativamente en lugar de mejorar, mientras el Gobierno acelera su carrera desenfrenada por implementar su programa de contrainsurgencia, Oplan Bayanihan (Cooperative Effort), que hunde sus raíces en el estratégico Oplan Bantay Laya (Freedom Watch), establecido durante el régimen de Gloria Arroyo (2000-2010). Este programa ha sido identificado como la causa de continuadas violaciones del derecho a la vida, cometidas principalmente por las fuerzas de seguridad del Estado: policía, militar, paramilitar y todos aquellos bajo la supervisión de éstas.
El gobierno de Estados Unidos colabora directamente con el filipino en su programa de contrainsurgencia aportando financiación, doctrina y dirección táctica. Asimismo, hay unidades de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos (US Special Forces) establecidas discretamente en ciertos enclaves de Mindanao que han participado en operaciones de inteligencia y ataque mediante el uso de drones y otros dispositivos de alta tecnología.
La política de contrainsurgencia tiene un nivel de alcance muy amplio. Además de las actividades conjuntas de las Fuerzas Armadas de Filipinas y sus distintos grupos paramilitares, que operan con aparente independencia bajo la guisa de "guerreros tribales", "organizaciones civiles voluntarias" y "guardias de seguridad privada", este programa también incluye actividades que, en apariencia, son de carácter de civil.
Los asesinatos selectivos, las desapariciones y los ataques contra activistas políticos y defensores de los derechos humanos continúan con impunidad, a pesar de que el gobierno de Filipinas garantizó, durante el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas en 2012, que tomaría "firmes medidas para abordar el problema de los asesinatos extrajudiciales y las desapariciones forzadas". Pese a esto, la violencia de estado ha continuado sin cesar durante la administración del Presidente Benigno Simeon 'Noynoy' Aquino III (Desde 2010 al momento actual ).
En este Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas de 2012 se evaluó la actuación e historial del gobierno de Filipinas en materia de derechos humanos. Varias misiones extranjeras reclamaron el desmantelamiento inmediato de grupos paramilitares, tales como CAFGU, SCAA, CVO, así como la derogación del Executive Order 546 (Decreto Ejecutivo 546).
Este decreto legitima el uso de grupos paramilitares civiles como fuerzas multiplicadoras para combatir los supuestos grupos rebeldes, dando vía libre a que los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas de Filipinas cometan crímenes con total impunidad, y asegurando así que los intereses de grandes corporaciones extranjeras, como plantaciones agroindustriales y compañías transnacionales mineras, sean protegidos.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución similar en mayo de 2012, y los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos y los Asesinatos Extrajudiciales presentaron una declaración parecida en julio de 2012. El Gobierno de Filipinas rechazó esta recomendación y mantuvo la vigencia del Decreto Ejecutivo 546. De hecho, en el presupuesto nacional de 2015 se destinaron dos billones de pesos filipinos a la financiación de grupos paramilitares.
A esta cantidad habría que añadir las compensaciones, beneficios y gratificaciones económicas que las compañías mineras y las unidades locales de gobierno destinan para la financiación y control de estos grupos, como quedó probado durante las investigaciones in situ conducidas por el Congreso sobre el asesinato de la activista anti-minería Juvy Capion y de sus dos hijos.
A día de hoy no hay signos de que el terrorismo de estado en Filipinas vaya a parar. Al contrario, recientes acuerdos como el TPPA (Acuerdo de Partenariado Trans Pacífico) o el EDCA (Acuerdo de Cooperación Reforzada en Materia de Defensa), ambos promovidos por EE UU, apuntan a que Filipinas avanza en la dirección de convertirse en un enclave estratégico militar para EE UU en el Sudeste Asiático.
En concreto el EDCA, firmado por Aquino y Obama en abril de 2014, elude la proscripción de bases y tropas militares extranjeras establecida en la constitución Filipina para permitir que EE UU incremente la llamada presencia rotativa de sus tropas y construya bases militares bajo la forma de instalaciones temporales autorizadas en áreas de las fuerzas armadas de Filipinas.
El gobierno de Aquino presenta el EDCA como un gran avance en la guerra contra el terrorismo, también instigada por EE UU, y como un instrumento para consolidar el eje estadounidense en el Sudeste Asiático, ya que proyecta desplegar el 60% de sus fuerzas navales y el 50% de sus fuerzas terrestres y aéreas en la región.
Tanto las autoridades filipinas como las estadounidenses promocionan el EDCA como una herramienta para reequilibrar la fuerza militar estadounidense respecto a China, y como el instrumento para contrarrestar la amenaza que supone China para algunos países vecinos y que mantendrá el mar del Sur de China abierto a la navegación internacional y al comercio.
Han pasado casi 30 años desde que el dictador Ferdinand Marcos fue derrocado. Sin embargo, todos los regímenes de la era post-dictatorial, incluyendo el actual, mantienen muchos elementos de la dictadura en Filipinas, desde la presidencia de Corazon Aquino (1986-1992) y la de Fidel V. Ramos (1992-1998) hasta el régimen posterior de Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo y Benigno Aquino III.
Estos elementos son, entre otros, el mantenimiento de una sociedad semi-colonial y semi-feudal, dominada por EE UU a la cabeza de otros poderes imperialistas y por grandes empresarios, terratenientes y burócratas capitalistas locales; un estado autoritario controlado por las clases dominantes cuyo núcleo son unas fuerzas armadas indoctrinadas por EE UU; y la supresión de los derechos de los trabajadores, campesinos, mujeres, la juventud y las comunidades indígenas, a pesar de que procesos democráticos formales son reconocidos.
Al igual que durante las legislaturas que sucedieron a Marcos, el programa de contrainsurgencia de Aquino, así como la intensificación de la militarización, sirve a los intereses de poderes imperialistas, a las grandes corporaciones y a los terratenientes, que despliegan operaciones mineras, madereras y agroindustriales a gran escala con la voluntad de saquear los ricos recursos del país, incluyendo los que conservan las comunidades indígenas en sus tierras ancestrales.
El propósito de esta política no es únicamente erradicar la resistencia armada liderada por el Partido Comunista de Filipinas (Communist Party of the Philippines – CPP) y el Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army – NPA): su objetivo es la represión política, así como acabar con las formas de resistencia frente a las actividades del sector corporativo y financiero que están mermando los recursos naturales del país. Esto lo demuestra el ataque sistemático a infraestructuras sociales creadas por las comunidades indígenas Lumads, como más arriba se expone.
"¡Salvad nuestras escuelas!, ¡parad las matanzas de Lumads!" son algunas de las consignas que proclamaba el grupo de 700 indígenas procedentes de Mindanao el pasado 26 de octubre de 2015 durante la calurosa acogida de estudiantes y académicos de la Universidad de Filipinas Diliman en Manila, donde permanecerán un mes para denunciar la violencia de estado y la militarización de sus tierras.

Paloma Polo

Publicado originalmente como "El terrorismo de Estado crece en Filipinas" en Diagonal Periódico

* Paloma Polo es una artista visual, periodista, escritora e impulsa “La Solidaridad Hispano – Filipina”, una iniciativa orientada a incrementar el conocimiento del mundo hispanohablante sobre la realidad sociopolítica del archipiélago y el pueblo filipino.
* El equipo internacional de Ruptura Colectiva (RC) publicará con constancia sus colaboraciones tanto para este espacio de pensamiento crítico como en otras plataformas web.

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#LordCFE y los caminos de la gentrificación en la Ciudad de México

Posted: 14 Sep 2016 12:21 PM PDT

#LordCFE y #ResistiendoEnElBarrio son hastags que se han viralizado masivamente en varias páginas de Facebook y en Twitter desde el día de ayer, ¿pero por qué es importante pasar de esta imagen memística -y prepotente- hacia un análisis de lo que representa como figura capitalizadora y política?
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En la tarde del martes 13 de septiembre, funcionarios públicos de la CFE, acompañados de (o escoltados por) una decenas de personas acarreadas, agredieron verbalmente, golpearon y jalonearon a vecinos en resistencia de la Colonia Juárez, que se oponen al blanqueamiento por despojo, los procesos amenanzantes de gentrificación y los mega-proyectos de urbanismo caníbal sin sustento en la zona. Además de resistir procesos judiciales plagados de irregularidades e ilegalidad, estas instancias ya les han hecho cortes de agua y luz anteriormente.
El personaje que se viralizó como #LordCFE responde al nombre de Rubén Ventura Chi, una persona que se identificó como guardia de seguridad contratado por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero que nunca ofreció la identidad de los otros ‘guaruras’ que le acompañaron en tal travesía. Tras una investigación exhaustiva, los vecinos encontraron que estas personas fueron contratadas por REURBANO a través de la señora Jesshica Elizabeth Flores Venegas, empleada de la inmobiliraria que opera en Havre 77|S-1 (http://reurbano.mx/) y forman parte de los servicios que provee Grupo GARE empresa de seguridad privada (http://www.grupo-gare.com/). En las cláusulas de su página web, ofrecen “servicios profesionales de seguridad, vigilancia y protección de bienes tanto a personas físicas como a empresas” que en la práctica, mas bien se asemejaron con las viejísimas tácticas del esquirolismo barrial. ¿Por qué esto no es una simple deducción? la empresa se ubica en Marsella #73, tan sólo a unas cuadras de la misma calle en donde se presentaron las agresiones.
¿Eran necesarias decenas de personas para ‘cambiar unos medidores’?, ¿por qué es importante denunciar a la mafia que se esconde tras la CFE? No pensemos de manera indeterminada. En los últimos años en México, el servicio de la luz se ha convertido más bien en un negocio millonario del gobierno federal en contubernio con empresarios y compañías privadas subcontratadas quienes; haciéndole llegar a la gente cobros y recibos de pago cada vez más caros e incluso en algunos casos con tarifas exorbitantes que las personas no consumen en sus domicilios, provocan una situación de indefensión e injusticia. Estas situaciones de irregularidad, se suman al hostigamiento mediante el cambio de medidores, la transacción, la modificación o el alza de estos servicios, entre otros factores. Lo que trae consigo un inmenso dolor de cabeza, angustia e intranquilidad en los vecinos, haciéndoles tramitar papeleos inútiles hasta que cansados por tales arbitrariedades, aunadas al alza descabellada del predial, el aumento en las rentas habitacionales y comerciales, y el acoso inmobiliario canalla entre otras estrategias operadas por el #CartelInmobiliario en complicidad con el #EstadoInmobiliario, forzan a los residentes con arraigo a abandonar el barrio en el que algunos han habitado por generaciones, siendo expulsados “voluntariamente” por presiones diversas … ¡estas son las tácticas gentrificadoras!
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¿Cuál es el sujeto gentrificador de este territorio particular en la centralidad de la Ciudad de México? En la colonia Juárez un cartel inmbiliario comandado por Rodrigo Rivero Borrell y socios del “Despacho Rivero-Borrell y Asociados”, utilizan estrategias de despojo ilegal a colonos y pequeños comerciantes, operando de Insurgentes a Bucareli. Su empresa inmobiliaria “Reurbano” ha adquirido, con estrategias propias de una mafia organizada, alrededor de 20 predios, entre edificios de vivienda y locales comerciales. Para apropiarse de los inmueble operan estrategias de destrucción de comunidad activadas por invasores (albañiles y empleados a su servicio) y “vecinos-orejas”, que además de proveerlos de información privada, generan división y vejaciones en varios edificios con valor patrimonial. Su padre Jorge Rivero Borrel ha sido presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México CAM-SAM y a su vez maneja una amplia red de relaciones en el sector público y privado, aunado a su pariente Héctor Rivero Borrell quien es director del Museo Franz Mayer.
Si bien, todo este furor por expulsar a los habitantes originarios de la urbe ocurre principalmente en el Centro, ningún otro barrio, campo o comunidad está exenta de ser despojada. Los proyectos capitalizadores abundan indiscriminadamente en donde exista acumulación e inversión de capital.
Los vecinos organizados de la Juárez no sólo resisten en su barrio contra estos “nuevos” (han existido desde el origen de la ciudad obrera en el siglo XX) procesos de expulsión por despojo, limpieza social y desplazamiento forzado, sino que también; entre otros barrios, trazaron la exitosa ruta que derrotó el Corredor Cultural Chapultepec en diciembre del año pasado; lograron en una acción coordinada con vecinos de Miguel Hidalgo la cancelación del proyecto que pretendía concesionar a la iniciativa privada la instalación de una Rueda de la Fortuna junto al Museo de Arte Moderno; formulan un proceso de construcción participativa y autónoma en el Parque Niza-Chapultepec para la mejora del espacio público en el barrio, que arrojo importantes cambios al proyecto original; y ahora se enfrentan a varios complejos inmobiliarios enormes de inversión público, privada y mixta como el CETRAM Chapultepec que pretende construir una Mega Torre de oficinas en renta, otro centro comercial y hotel de lujo, además de la construcción de estacionamientos de cobro para miles de automóviles, todo a unos metros del Bosque de Chapultepec, proyecto gestionado por una empresa española de nombre IVERAVANTE.
Ante todo esto, ¿habremos de elegir los caminos de la gentrificación o los caminos de la libertad? En respuesta a las cacareadas retóricas de los grandes políticos que hablan de una "ciudad incluyente" o una "ciudad para todos", contestamos que los antagonismos de clase no sólo 'incluyen' la pesadez y miseria laboral, la violencia tecnificada del Estado y la gradual pérdida de la confianza en el trabajador para ejercer proyectos de desenvolvimiento en su comunidad y vida individal, sino que ahora está en riesgo la permanencia en la ciudad.
De Fuentes a Calvino, cada día somos más invisible para los de arriba...