San José, Costa Rica, 15 de diciembre de 2016.- El
Estado de Brasil es responsable por la violación al derecho a no ser
sometido a esclavitud y trata de personas de 85 trabajadores
rescatados de la Hacienda Brasil Verde, ubicada en el estado de
Pará, en el año 2000. La Sentencia
http://bit.ly/2h4SuRS
notificada el día de hoy en el Caso Trabajadores de la Hacienda
Brasil Verde Vs. Brasil, es el primer caso sobre esclavitud y trata
de personas que resuelve la Corte Interamericana, por lo que ésta
tuvo la oportunidad de desarrollar y actualizar el contenido de
estos conceptos conforme a la Convención Americana y el derecho
internacional.
En marzo de 2000 dos jóvenes lograron escapar de la Hacienda y
tras denunciar la situación en la que se encontraban el Ministerio
de Trabajo organizó una inspección. Durante la inspección los
trabajadores manifestaron su decisión de salir. El informe de la
fiscalización señaló que los trabajadores estaban en situación de
esclavitud. Los trabajadores fueron reclutados por un ‘‘gato’’ en
las localidades más pobres del país y viajaron varios días en bus,
tren y camión hasta llegar a la Hacienda. Sus cédulas de trabajo
fueron retenidas y firmaron documentos en blanco. Las jornadas de
trabajo eran de 12 horas o más, con un descanso de media hora para
almorzar y solamente un día libre a la semana. En la Hacienda
dormían en ranchos decenas de trabajadores en hamacas o redes, sin
electricidad, camas ni armarios. La alimentación era insuficiente,
de mala calidad y descontada de sus salarios. Se enfermaban con
regularidad y no se les daba atención médica. Las labores las
realizaban bajo órdenes, amenazas y vigilancia armada.
Al analizar el caso la Corte observó que el concepto de
esclavitud y sus formas análogas ha evolucionado y no se limita a la
propiedad sobre la persona. De esta manera, para definirla debe
observarse la demostración de control de una persona sobre otra, que
llegue a equipararse con la pérdida de la propia voluntad o una
disminución considerable de la autonomía personal. Esa manifestación
del ejercicio “de atributos de la propiedad”, en tiempos actuales,
debe entenderse como un control sobre una persona que le restrinja o
prive significativamente de su libertad individual, con intención de
explotación mediante el uso, la gestión, el beneficio, la
transferencia o el despojarse de una persona. Por lo general, este
ejercicio se apoyará y se obtendrá a través de medios tales como la
violencia, el engaño y/o la coacción.
La Convención Americana establece en su literalidad la expresión
‘‘trata de esclavos y de mujeres’’. No obstante, a la luz del
desarrollo en el derecho internacional en las últimas décadas, la
interpretación más favorable y el principio
pro persona y
con el fin de dar un efecto útil a la Convención conforme a la
evolución de esos conceptos en nuestras sociedad, la Corte consideró
que dicha expresión debe ser entendida como ‘‘trata de personas’’.
Además la definió como: i) la captación, el transporte, el traslado,
la acogida o la recepción de personas; ii) recurriendo a la amenaza
o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre otra. Para los menores de 18 años estos requisitos no son
condición necesaria para la caracterización de trata; iii) con
cualquier fin de explotación.
El Estado brasileño no demostró haber adoptado medidas
específicas, ni actuó con la debida diligencia para prevenir la
forma de contemporánea de esclavitud a la que fueron sometidas estas
personas, ni para poner fin a esta situación. Este incumplimiento de
su deber de garantía es particularmente serio teniendo en cuenta su
conocimiento del contexto, así como la situación la particular
situación de vulnerabilidad de estos trabajadores, por lo que
consideró que el Estado es responsable por la violación a la
prohibición de la esclavitud y servidumbre establecida en la
Convención Americana.
Ninguno de los procedimientos legales en sede interna determinó
algún tipo de responsabilidad, ni sirvió para obtener reparación a
las víctimas o estudió a fondo la cuestión planteada. Se resolvió la
prescripción de los procesos pese al carácter imprescriptible de
este delito conforme al derecho internacional. Para la Corte la
falta de acción y de sanción de estos hechos se debe a una
normalización de las condiciones a las que continuamente eran
sometidas personas con determinadas características en los estados
más pobres. Por tanto, la Corte consideró que el Estado había
violado el derecho al acceso a la justicia de las 85 víctimas, así
como de 43 otros trabajadores que habían sido rescatados en 1997 y
que no tampoco recibieron una protección judicial adecuada.
En vista de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas
de reparación, entre las que destacan: i) reiniciar las
investigaciones; ii) adoptar las medidas necesarias para garantizar
que la prescripción no sea aplicada al delito de derecho
internacional de esclavitud y sus formas análogas, y iii) pagar las
indemnizaciones correspondientes.
La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y
dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado
cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.
---
La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue
de los siguientes Jueces: Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot,
Presidente en ejercicio; Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente en
ejercicio; Humberto Antonio Sierra Porto; Elizabeth Odio Benito;
Eugenio Raúl Zaffaroni; y Patricio Pazmiño Freire. Estuvieron
presentes, además, el Secretario de la Corte, Pablo Saavedra
Alessandri, y la Secretaria Adjunta, Emilia Segares Rodríguez. El
Juez Roberto F. Caldas no participó del conocimiento y deliberación
de este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1
del Reglamento de la Corte.
- Versión en portugués -
BRASIL É
RESPONSÁVEL POR ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA E TRÁFICO DE PESSOAS DE
TRABALHADORES DE FAZENDA
San José, Costa Rica, 15 de dezembro de 2016.- O Estado
do Brasil é responsável pela violação ao direito a não ser sometido
a escravidão e tráfico de pessoas de 85 trabalhadores resgatados da
Fazenda Brasil Verde, localizada no estado do Pará, no ano 2000. A
Sentencia
http://bit.ly/2hyrnSG
notificada no die de hoje no Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil
Verde Vs. Brasil, é o primeiro caso sobre escravidão e tráfico de
pessoas decidido pela Corte Interamericana, de modo que esta teve a
oportunidade de desenvolver e atualizar o conteúdo destes conceitos,
de acordo com a Convenção Americana e o Direito Internacional.
Em março de 2000, dois jovens conseguiram escapar da Fazenda e
após denunciarem a situação em que se encontravam, o Ministério do
Trabalho organizou uma fiscalização. Durante a fiscalização os
trabalhadores manifestaram sua decisão de sair. O relatório da
fiscalização indicou que os trabalhadores se encontravam em situação
de escravidão. Os trabalhadores foram aliciados por um ‘‘gato’’ nos
locais mais pobres do país e viajaram durante dias em ônibus, trem e
caminhão até chegarem à Fazenda. Suas carteiras de trabalho foram
confiscadas e assinaram documentos em branco. As jornadas de
trabalho eram de 12 horas ou mais, com um descanso de meia hora para
almoçar e apenas um dia livre por semana. Na Fazenda eles dormiam em
galpões com dezenas de trabalhadores em redes, sem eletricidade,
camas ou armários. A alimentação era insuficiente, de péssima
qualidade e era descontada de seus salários. Eles se adoentavam com
regularidade e não recebiam atenção médica. O trabalho era realizado
sob ordens, ameaças e vigilância armada.
Ao analisar o caso, a Corte observou que o conceito de escravidão
e suas formas análogas evoluiu e não se limita à propriedade sobre a
persona. Desta maneira, para defini-la deve-se observar a
demonstração do controle de uma pessoa sobre outra, que chegue a
equiparar-se à perda da própria vontade ou a uma diminuição
considerável da autonomia pessoal. Essa manifestação do exercício
“de atributos da propriedade”, nos dias atuais, deve ser entendida
como o controle sobre uma pessoa que lhe restrinja ou lhe prive
significativamente de sua liberdade individual, com intenção de
exploração mediante o uso, a gestão, o benefício, a transferência ou
o despojamento de uma pessoa. Em geral, este exercício se apoiará e
será obtido por meio de violência, fraude e/ou a coação.
A
Convenção Americana estabelece a expressão ‘‘tráfico de escravos e
de mulheres. Não obstante, à luz do desenvolvimento do Direito
Internacional nas últimas décadas, da interpretação mais favorável e
do principio
pro persona, e com a finalidade de dar efeito
útil à Convenção de acordo com a evolução destes conceitos em nossas
sociedades, a Corte considerou que esta expressão deve ser entendida
como ‘‘tráfico de pessoas’’. Além disso, a definiu como: i) o
recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento
de pessoas; ii) recorrendo à ameaça, ao uso da força ou outras
formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de
autoridade ou à uma situação de vulnerabilidade, à entrega ou
aceitação de pagamentos ou benefícios, para obter o consentimento de
uma pessoa a fim de que se tenha autoridade sobre ela. Para os
menores de 18 anos esses requisitos não são condição necessária para
a caracterização de tráfico; iii) com qualquer fim de exploração.
O Estado brasileiro não demonstrou ter adotado medidas
específicas, e tampouco atuou com devida diligência para prevenir a
forma contemporânea de escravidão à qual foram submetidas estas
pessoas, nem para por fim a esta situação. Esse descumprimento de
seu dever de garantia é particularmente sério quando se leva em
consideração o seu conhecimento sobre o contexto e a particular
situação de vulnerabilidade destes trabalhadores, de maneira que a
Corte considerou que o Estado é responsável pela violação da
proibição da escravidão e servidão, estabelecida na Convenção
Americana.
Nenhum dos procedimentos legais internos determinou qualquer tipo
de responsabilidade, nem serviu para obter reparação para as vítimas
ou chegou a estudar a fundo as violações denunciadas. Foi decidido
aplicar a prescrição a esses processos, apesar do caráter
imprescritível desse delito de acordo com o Direito Internacional.
Para a Corte a falta de ação e de sanção destes fatos se deve à
normalização das condicoes às quais as pessoas com determinadas
características nos estados mais pobres do país eram submetidas.
Portanto, a Corte considerou que o Estado havia violado o direito de
acesso à justiça das 85 vítimas, e também de outros 43 trabalhadores
que foram resgatados em 1997, e que tampouco receberam uma proteção
judicial adequada.
Em razao destas violações, a Corte ordenou diversas medidas de
reparação, entre as quais se destaca: i) reiniciar as investigações;
ii) adotar as medidas necessárias para garantir que a prescrição não
seja aplicada ao delito de direito internacional de escravidão e
suas formas análogas, e iii) pagar as indenizações correspondentes.
A Corte supervisionará o cumprimento integral da Sentença e dará
por concluído o presente caso uma vez que o Estado tenha dado cabal
cumprimento ao disposto na Sentença.
---
A composição da Corte para a emissão desta Sentença foi a dos
seguintes Juízes: Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente em
exercício; Eduardo Vio Grossi, Vice-Presidente em exercício;
Humberto Antonio Sierra Porto; Elizabeth Odio Benito; Eugenio Raúl
Zaffaroni; e Patricio Pazmiño Freire. Estiveram presentes, também, o
Secretário da Corte, Pablo Saavedra Alessandri, e a Secretária
Adjunta, Emilia Segares Rodríguez. O Juiz Roberto F. Caldas não
participou do conhecimento e da deliberação deste caso, em
conformidade com o disposto no artigo 19.1 do Regulamento da
Corte.
El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de
responsabilidad exclusiva de la misma.
Para mayor
información favor de dirigirse a la página de la Corte
Interamericana
http://www.corteidh.or.cr
o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a
corteidh@corteidh.or.cr.
Para
información de prensa contacte a Bruno Rodríguez Reveggino
prensa@corteidh.or.cr
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