DESPROTECCION LABORAL EN EL AMBITO RURAL
“Reorganización institucional”
Por María Victoria Deux *
Respaldado
por el fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de
los artículos 106 y 107 de la ley 26.727/2011 de creación del Registro
Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea) en la órbita del
Ministerio de Trabajo, el gobierno de Mauricio Macri restituyó la
titularidad plena del organismo al sindicato Uatre. El decreto 1014/2016
firmado por Macri introduce modificaciones sustanciales en el Nuevo
Régimen de Trabajo Agrario de 2011 al declarar la “reorganización
institucional” del Renatea y el “reestablecimiento” del Registro
Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) como ente de
derecho público no estatal” (lo que significa el retorno a una ley de
1999). Además, el decreto establece que el nuevo organismo será dirigido
por las patronales agrarias y el sindicato Uatre.
En
lo que refiere a los derechos de los trabajadores agrarios, el nuevo
decreto deja sin efecto el anterior 300/2013 por el cual se
reglamentaban numerosos beneficios y protecciones para ellos y sus
familias. Algunas de las implicancias inmediatas son:
-
Deja de existir la prestación por servicios de sepelio en el ámbito de
Renatea y pasa a estar a cargo de la organización sindical Uatre. Los
trabajadores de ATE denuncian que la prestación por servicios de
sepelios “vuelve al sindicato y estará disponible sólo para los
trabajadores afiliados a Uatre. En consecuencia, los trabajadores no
afiliados que aportaron durante más de 4 años a esa prestación se verán
defraudados por la pérdida de ese beneficio. El Estado Nacional y los
trabajadores agrarios habrán perdido 1200 millones de pesos recaudados
entre 2012 y 2015, destinados a contener económicamente al trabajador y
su grupo familiar”.
-
Caducan los demás beneficios que acompañaban la prestación por servicios
de sepelio y estaban orientados a la inserción laboral y a la
contención social del grupo familiar del fallecido. Se trata de los
programas de capacitación y formación, el programa de empleo, las becas
de la terminalidad educativa para los menores, la prestación por
desempleo, los proyectos productivos familiares, la provisión de
espacios de contención para niños, y el traslado del grupo familiar en
caso de fallecimiento de trabajadores migrantes.
-
Aumentan los requisitos para acceder a la prestación por desempleo de 6
a 18 meses de aportes en los últimos 3 años, para todos los
trabajadores agrarios. Esto perjudica especialmente a los trabajadores
temporarios y permanentes discontinuos (trabajadores por temporada).
-
Pierden vigencia los beneficios para los trabajadores mayores de 45
años de edad desempleados, quienes dejarán de percibir la extensión de
la prestación por seis meses adicionales.
-
El sistema de seguro por desempleo dejará de incluir beneficios y
prestaciones orientados a la reinserción laboral, la formación y la
creación de proyectos productivos para los trabajadores afectados.
-
Quedaron derogadas todas las prestaciones especiales para proteger a
las presuntas víctimas de trata de personas, a las familias agrarias
afectadas por las contingencias climáticas y los distintos programas
especiales creados durante la gestión estatal del Renatea para dar
contención laboral a los trabajadores temporarios, a los hijos de las
familias agrarias desprotegidos durante la jornada laboral, y los
programas destinados a la formación, capacitación y alfabetización de la
población rural.
Así
queda formaliza la pérdida de protecciones para los trabajadores
agrarios, proceso que ya había comenzado, a partir del cambio de gestión
del gobierno nacional, con el cese de numerosos programas, la
interrupción de las denuncias por trata de personas en el ámbito rural, y
el despido (acordado con el gremio UPCN) de 600 empleados (el 67 por
ciento de su planta permanente), con el completo desconocimiento del
Convenio Colectivo del Trabajo y de los derechos reconocidos en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esto implica una avanzada
de las patronales agrarias, las mismas que durante la última dictadura
militar presionaron para que se derogara el Estatuto del Peón Rural (que
lograron), y que hacia finales de los años 90 incidieron en el
desmantelamiento de la presencia sindical en los lugares de trabajo
* Investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad Nacional de Rosario.
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