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Argentina:
La continuidad de la inflación y la recesión estimulan el
conflicto social
Julio
C. Gambina
ALAI AMLATINA,
02/02/2017.- El arranque
económico de la Argentina en 2017 muestra signos de preocupación
en la
continuidad del alza de precios y tarifas, junto al
mantenimiento de la recesión
productiva con impacto en la persistencia del desempleo,
suspensiones y
afectación del ingreso popular.
La
situación exacerba las protestas sociales y el conflicto
presente y futuro, con
las CTA embarcadas en definir de común acuerdo un conjunto de
reivindicaciones
como contenido de un plan de unidad de acción a refrendar por
más de un millar
de delegados de todo el país. En simultáneo, la CGT se bajó del
diálogo con el
gobierno y empresarios para convocar a una movilización en marzo
y próximo paro
general.
Precios
“transparentes”
En
febrero comenzó el operativo “precios transparentes” que suponía
una baja de 15
a 20% en los precios de contado, según la expectativa de la
Secretaría de
Comercio de la Nación. La realidad está siendo muy distinta y
como la historia
demuestra, los precios en general no tienden a bajar una vez que
alcanzan un
cierto nivel.
Pocos
precios disminuyeron y no en los porcentuales imaginados por los
funcionarios
del gobierno. La mayoría de los precios se mantuvieron e incluso
se
incrementaron, y ni hablar de la disparada de los precios
financiados en
cuotas.
Se
pensó en estimular el consumo y con la decisión asumida puede
afectarse aún más
la retracción en el consumo. El encarecimiento del
financiamiento desestimula
las compras a plazo, y el mantenimiento o suba de precios al
contado coexiste
con el menor poder adquisitivo del ingreso popular, de hecho, la
mayoría de la
población.
Así,
la realidad impone la continuidad de una tendencia al bajo
consumo que recrea
las condiciones de persistencia de la recesión en la coyuntura y
afecta la
perspectiva de recuperación económica para para el 2017.
Tarifas
eléctricas
Se
anunciaron aumentos en las tarifas eléctricas en el área
metropolitana, Ciudad
de Buenos Aires y el conurbano, pero impactará en todo el país
por los costos
en origen trasladados a la cadena de generación, transporte y
distribución.
Sostiene
el Ministro Aranguren que aún con estas subas del 61 al 148%
entre febrero y
abril, no se cubre el costo y por ende, los aumentos volverán
sucesivamente
hasta que los precios sobrepasen el costo y aseguren niveles de
ganancias que
justifiquen la inversión privada.
La
lógica de mercado se impone por encima de cualquier
consideración al “derecho a
la energía” que sustentan organizaciones sindicales como la
Federación de
Trabajadores de la Energía, FeTERA en la CTA Autónoma, y
variadas
organizaciones que promueven los derechos sociales al
abastecimiento
energético.
El
aumento de tarifas eléctricas es parte de la asociación entre la
impunidad
empresarial y la lógica política del gobierno Macri.
Las
empresas pretenden bajar salarios y aumentar precios y tarifas.
Son medidas
contra los trabajadores y los usuarios, especialmente los de
menores ingresos.
Es
una lógica que privilegia la ganancia de las empresas para
atraer inversiones
al sector energético. Es algo que queda claro en el conflicto
entre la
multinacional EDEA S.A. y el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar
del Plata.
La
organización de trabajadores objeta el accionar integral de la
empresa
transnacional a costa de los propios trabajadores y trabajadoras
y el conjunto
de usuarios del servicio de electricidad.
En
rigor, desde las privatizaciones energéticas en los 90´ del
siglo pasado existe
una concepción de la energía como mercancía, que compran en el
mercado los que
tienen suficiente dinero. Por ello, hace falta instalar en el
sentido común
otra concepción que supone la lucha por el derecho a la energía.
Resulta una
premisa conceptual para impedir la agresión a los derechos
laborales de las/os
trabajadoras/es de la energía y al “derecho a la energía” del
conjunto de la
sociedad.
Actualización
salarial
Aumentos
de precios y tarifas explican el deterioro de la capacidad de
ingresos
populares y habilita expectativas por las discusiones paritarias
entre
trabajadores y empresarios.
Es
la base para pensar todas las actualizaciones de ingresos de los
sectores más
empobrecidos, ya que las jubilaciones se ajustan con base a
estas
actualizaciones negociadas en paritarias, y los planes sociales
acompañan
limitadamente las actualizaciones salariales.
Como
siempre ocurre, los docentes anticipan el debate y está asociado
al comienzo o
no de las clases, pero también en escena se presenta el
conflicto con los
bancarios ante el desconocimiento por parte del Ministerio de
Trabajo del
acuerdo suscripto entre las cámaras empresarias y los
sindicatos.
El
gobierno nacional pretende desentenderse de las demandas de un
piso salarial
nacional docente y descarga la negociación sobre las provincias.
Estas
requieren asistencia financiera nacional ante los límites del
déficit fiscal
provincial y nacional.
Todo
augura conflicto, tal como se expresó en las movilizaciones
docentes de este
jueves 2 de febrero. En realidad, la protesta no es solo
salarial, sino que
apunta al derecho a la educación, afectado por el proyecto de
reforma educativa
de privatización de la educación en el rumbo definido por la
lógica
mercantilista de carácter neoliberal.
Los
bancarios tienen el aval de la justicia y sostienen la
reivindicación de los
acuerdos suscriptos con protestas ante la restricción del
Ministro de Trabajo.
Es
la protesta explícita la forma que tienen las/os trabajadoras/es
para
defenderse de la creciente inflación de precios y tarifas. Con
esa base de
movilización y sensibilización a la sociedad es que ingresan a
la discusión
paritaria y anticipa la escalada del conflicto sindical y
social.
Desde
el gobierno se imaginan un límite de actualización salarial
entre el 17 y 18%,
cuando el propio BCRA mantiene elevadas tasas de interés
(24,75%) en las
licitaciones de letras, LEBAC. La entidad monetaria explica que
su decisión se
sustenta en la continuidad de las expectativas inflacionarias
para el 2017.
Estas expectativas materializadas afectan especialmente a los
sectores de
menores ingresos.
La
respuesta es la lucha social extendida por la distribución del
ingreso, máxime
cuando se estima para 2016 una pérdida de los ingresos populares
promedio del
10% de la capacidad de compra. Ese es el piso a adicionar a la
inflación
esperada del 2017, probablemente superior al 20%.
Para
imaginar el piso de recomposición salarial deben adicionarse
ambos valores, el
10% resignado en 2016 y el valor esperado de aumento de precios
para el 2017,
no menor al 20%.
De
ahí surge un piso del 30% para la actualización de ingresos, que
si se pretende
mejorar, la demanda estará más cercana al 35% o más, según sea
la correlación
de fuerzas en la contradicción entre el trabajo y el capital.
Conflicto
sindical y social
Claro
que resulta impensable que esa lógica argumental sea aceptada
por el gobierno o
la impunidad empresaria, lo que aventura protestas y
conflictividad creciente
para intentar afirmar derechos sociales conculcados.
La
tradición de movilización sindical en la Argentina con los
anuncios de las CTA
y ahora de la CGT, puede habilitar un escenario de mayor
conflictividad en un
año electoral, donde el gobierno disputa consenso a su proyecto,
por lo que
califica de medidas políticas a esas manifestaciones de
protesta.
Es
verdad, toda protesta asume carácter político, en tanto es parte
de la disputa
del ingreso, antesala para discutir la distribución de la
riqueza, altamente
concentrada en nuestro país y en el mundo.
Buenos
Aires, 3 de febrero de 2017
-
Julio C. Gambina es Presidente de la
Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
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de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/183307
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