Corte Suprema y en clase ejecutiva
Luego de que se publicara la información de que los ministros de la
Corte Suprema podrían volar en primera clase a precio de clase turista,
el Máximo Tribunal emitió un comunicado aclarando que “no ha solicitado
privilegio alguno para sus miembros a empresa aerocomercial alguna o de
otra naturaleza”. Las reacciones en Diputados.
Por: Matías Werner
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo público un comunicado, a
través del Centro de Información Judicial (CIJ), en el que señala “que
no ha solicitado privilegio alguno para sus miembros a empresa
aerocomercial alguna o de otra naturaleza, ni tampoco a otro poder del
Estado. Los vínculos institucionales se realizan mediante convenios que
son publicados, como es tradición de este tribunal”.
La polémica empezó el último domingo, en el medio del debate judicial
por el “tarifazo” que tuvo al Máximo Tribunal en el centro de la escena
debido a los pedidos de “per saltum” formulados por el Estado Nacional
para que la Corte defina la cuestión sobre la legalidad de los aumentos,
y a que el presidente del Cuerpo, Ricardo Lorenzetti, tuvo una reunión
privada con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el mismo día que
la Corte pidió información sobre los amparos contra las subas en las
tarifas.
Horacio Verbitsky publicó en su columna del diario Página/12, titulada
“una dádiva oportuna” que el gobierno nacional dispuso “una dádiva para
los cinco miembros del tribunal”. “El 9 de julio el Gerente de
Aeropuertos de Aerolíneas Argentinas, Ricardo Lehmacher, envió por
correo electrónico una circular a todos los jefes de Escala de la
compañía aérea estatal comunicando el privilegio concedido”, señaló el
periodista.
El privilegio consiste en que los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena
Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz
“tendrán derecho a upgrade a clase ejecutiva” sujeto a espacio en los
vuelos de la empresa.
Verbitsky incluso señaló que la situación configuraba el delito de
dádivas, contemplado en el artículo 257 del Código Penal, que castiga
con prisión de cuatro a doce años e inhabilitación absoluta y perpetua,
al “magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o
por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o
aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u
omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a
su competencia”.
El periodista también encuadró el caso dentro del tipo penal contenido
en el artículo 259 del Código, que reprime con prisión de un mes a dos
años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, al funcionario
público “que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a
su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que
presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a
un año”.
Aclaraciones y diversas reacciones
En el portal de TN noticias, señalaron que un “vocero” de Aerolíneas
salió a aclarar que la medida se tomó a pedido del Estado Nacional, en
su carácter de socio mayoritario de la línea de bandera.
“Respecto a los viajes de carácter oficial de los señores miembros de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Aerolíneas Argentinas ha
recibido una solicitud especial del Ministro de Transporte de la Nación
requiriendo que, por razones de protección a la investidura y jerarquía
del cargo que los mismos detentan, se les dé tratamiento y ubicación de
la clase superior que el vuelo respectivo permita tras develarse el
dato”, reza la carta en la que se dan razones sobre el pedido.
Tras conocerse la situación, varios legisladores solicitaron a los
supremos que renuncien al privilegio. Una misiva firmada por diputados
nacionales, integrantes del bloque “Peronismo Para la Victoria” pidieron
“que en un gesto de respeto por las instituciones republicanas
renuncien públicamente al beneficio dispuesto por parte de la empresa
Aerolíneas Argentinas que otorga a los ministros de la Corte Suprema
derecho upgrade a clase ejecutiva en los vuelos de dicha empresa, o bien
aclaren las circunstancias que son de público conocimiento respecto del
otorgamiento de tal beneficio”.
La carta, que fue firmada por los legisladores Leonardo Grosso, Remo
Carlotto, Silvia Horne, Lucila De Ponti, Andrés Guzmán y Araceli
Ferreyra, pone énfasis en que la difusión de la noticia de los
privilegios en los vuelos se produce “en el marco de importantes asuntos
de interés pública y de relevancia institucional que el Excmo. Tribunal
debe resolver, y en particular ante el desarrollo de reuniones privadas
entre el Presidente de la República y el Presidente de esta CSJN en el
contexto del per saltum solicitado por el PEN en la causa iniciada por
‘Ciudadanos del Sur de la Provincia de Mendoza” así como el inminente
ingreso a tratamiento por parte de la CSJN, de las causas iniciadas por
‘CEPIS’ y ‘Walter Abarca’ en la Justicia Federal de La Plata”.
Los legisladores se adelantaron a los sucesos, es que en estas últimas
causas, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que anuló los
aumentos de gas y suspendió los de electricidad, habilitó la feria para
la sustanciación de los recursos extraordinarios interpuestos por el
Estado Nacional, pero aún no definió si concederlos o no. Sin embargo,
debido relevancia del fallo “CEPIS”, que anuló las subas en todo el
país, se estima que la Corte “tome” ese caso para resolver
definitivamente la cuestión.
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