ENSAYO POLITICAMENTE INCORRECTO - CUANDO EL
DERECHO ES MARGINAL
(Los grandes
contradictores posmodernos del Derecho, con especial referencia al país de los
argentinos). Agosto 2008. Inédito.
Claudio Eduardo Andino
Incapaz de hacer
fuerte lo que es justo,
el
hombre hizo justo lo que es fuerte.
Blaise Pascal
Este gran
terremoto de ideas llamado postmodernismo, en sus diversas
manifestaciones, reconoce su identificación a través de una serie de notas
distintivas: la crisis de la idea de la racionalidad y el progreso indefinido,
la llamada muerte de Dios y el ocaso de los dogmas metafísicos, la
puesta entre paréntesis de la posibilidad de alcanzar verdades absolutas o
universales, o simplemente de concebir algunas certezas basales; la aceptación
de alguna medida de relativismo (cultural principalmente) como herramienta de convivencia y tolerancia y, en
lo que respecta al Derecho, su limitada eficacia como paradigma modelador de
sociedades (puesta en duda del llamado “Estado de Derecho”) o de simples
conductas individuales (el individuo inmerso en habituales conflictos y
situaciones anómicas).
Las vías de análisis del pensamiento postmoderno (con sus más y sus
menos), han evidenciado –desde nuestra perspectiva- a varios grandes grupos o
colectivos sociales que suelen operar contra la vigencia o eficacia de los
órdenes jurídicos de las sociedades nacionales, excepción hecha de las
categorías clásicas de delincuente, anarquista, revolucionario y equivalentes.
Entre los más notorios podemos mencionar:
* Las dirigencias, elites o grupos
con poder, en sus tres variables: 1) los que actúan desde la posesión de
alguna autoridad legítima; 2) quienes operan paralela, disimulada o
clandestinamente respecto a las primeras y 3) quienes están en condiciones
prácticas y evidentes de desafiar a las estructuras formales del poder público
(contestatarios organizados, opositores políticos);
* Los marginales o excluidos por
cualquier causa del sistema socioeconómico (también ciertos grupos de
refugiados o emigrantes);
* El llamado “terrorismo” en
su variable de expresión de identidad de raza, religión o pueblos privados de
estructuras estatales propias;
* Quienes hacen de la corrupción
político social un medio importante de obtención de ingresos y favores
(empresarios, financistas, especuladores, traficantes de influencias, dinero,
drogas, armas y cualquier mercadería prohibida), y
* aquellos integrantes de los
sistemas de administración de justicia, seguridad y organismos de contralor
administrativos (y sus corporaciones, cooptados y clientes) que son
funcionales a los factores de poder y por tanto incumplen en mayor o menor
forma sus responsabilidades propias como garantes del orden jurídico, en la
medida que son parte insoslayable de la impunidad y lo irresponsable del
ejercicio del poder-función legítimo, para el que brindan la necesaria pátina
de legitimidad y juridicidad al sistema, generalmente por omisión de represión
legal oportuna.
Complementario a la actuación de todos estos grupos se presentan dos
elementos conductuales o sociales insustituibles, ya en forma evidente o
subrepticia, como lo son la mentira (discurso que propone como
cierto lo que se presupone falso) y la simulación (actitud que presenta
como auténtico lo que se tiene por representado).
Desarrollaremos las características esenciales de alguno de ellos y los
modos en que operan para hacer ineficaces los órdenes normativos que
formalmente debieran aplicar o serles aplicables.
I. Detentadores del
poder.
Basándonos en algunas ideas del pensamiento alternativo, puede decirse
que el Derecho cumple de hecho las
funciones de ser uno de los tantos discursos legitimantes del poder en un Estado moderno, como
suelen serlo los demás procesos de socialización, en especial la educación, las
tradiciones y (en muchos casos) creencias o religiones familiares y,
finalmente, el grupo de pertenencia (en la medida de las mayores o menores
limitaciones de su interacción con otros grupos sociales). En este sentido, el
llamado “Estado de Derecho” ocupa el lugar de un mito posmoderno, de un símbolo
de racionalidad (por lo menos entre los occidentales del norte del Río Bravo y
europeos; entre nosotros es más bien una meta utópica en contraste con las
propias realidades).
Además, el Derecho dota al poder de dignidad, de límites, de
funcionalidad sistémica, de presupuesta igualdad para todos los sometidos a él;
presenta el control social y las relaciones de dominación con un ropaje de
necesidad para lograr el bien común o el bienestar general (recordar el
Preámbulo de nuestra Constitución política). Los Estados dicen detentar el
monopolio de la violencia física, aunque en realidad, la ejercen conjunta y promiscuamente con todos los contradictores
de la normatividad que identificamos en este capítulo, en la medida que estos
grupos compiten con diferentes grados de impunidad contra la violencia estatal
por medio de sus conductas desviadas del “orden natural de las cosas” o la
“conciencia colectiva” (Durkheim) (*).
El poder, al decir de Labourdette (1984), es el “protagonista
principal de la vida social, el vertebrador privilegiado de la sociedad global
y de los procesos sociales, tanto estabilizadores como transformadores”.
Todos los contradictores normativos emplean –en tanto integrantes de
grupos participantes del poder o contrapoder (entendido este último como impunidad
respecto de un poder referencial o legítimo)- diferentes grados de violencia o
influencia para imponer las conductas deseadas dentro del mismo colectivo o
respecto de terceros. Se sirven para ello de cinco elementos reconocibles: la
fuerza, la intimidación, la simple capacidad de manipulación, la influencia y
la dominación.
Los dos primeros integran el concepto habitual de violencia, cuyo significado más extendido es el de aquel
fenómeno externo que cambia el orden natural, habitual o mayoritariamente
esperado de las cosas o los sucesos. La fuerza tiene que ver con la
violencia física mientras que la intimidación se vincula con la
violencia espiritual, el temor y la amenaza. En ambos casos se busca torcer la
voluntad y la conducta consiguiente de los sujetos pasivos para adecuarla a los
fines queridos por el sujeto activo. Entre ellos hay relaciones de asimetría y
de reciprocidad.
La influencia excluye
todo viso de violencia o intimidación. Tiene que ver con los valores comunes,
con el ejemplo, modelo o paradigma que la figura, conducta y actividad del
sujeto activo proyecta sobre el pasivo y la persuasión que tal fenómeno implica
sobre la subjetividad y acción consiguiente de este último. Puede basarse en el
respeto a-crítico que el dominado sienta por el dominador (“el patroncito
siempre quiere lo mejor para mí, no se equivoca porque sabe más que yo”...,
“Fulano de tal es un santo”... “una eminencia”...). La influencia es mucho
más notoria en el terreno de las relaciones sociales.
La manipulación se
diferencia de la figura anterior, en que es un mecanismo social de imposición
sobre el sujeto pasivo, de necesidades, compulsiones, condicionamientos,
símbolos; ejercido de manera sutil, no evidente, oculto, hasta insidioso, para
lograr determinados fines. Por ejemplo, para favorecer la existencia de una
sociedad de consumidores, hay que generar centenares de miles de gastadores
compulsivos en objetos inútiles o de utilidad discutible, que fueren
obsesivamente cambiados con las modas frenéticas que se difunden por todo medio
de comunicación posible. Se trata de un mecanismo totalmente ajeno a la razón y
a la conciencia del manipulado. La publicidad es una de las más eficaces
maneras de manipulación por medio de símbolos.
El concepto de dominación,
siguiendo a Max Weber, tiene un vínculo natural con la legitimidad en el
ejercicio del poder. Toda dominación procura consolidarse mediante la legitimidad,
lo que supone un grado importante de aceptación de parte del sujeto pasivo de
las consecuencias de dicha situación de preeminencia del otro u otros (por
ejemplo la situación de dependencia jurídica del trabajador respecto del
empleador consagrada en la Ley de Contrato de Trabajo). Habitualmente la
dominación tradicional o legítima va acompañada de un aparato burocrático que
la sustenta desde lo funcional o lo operativo.
Aquí vuelve a intervenir el Derecho, porque el poder debe ser en buena
medida regulador de situaciones, para lo cual se vale de las normas para poner límites al
conflicto y al disenso respecto de la visión o interpretación dominante. En la
vida social todos los fenómenos descritos: fuerza, intimidación, manipulación,
dominación, pueden coexistir e interactuar de manera diversa. Sin embargo es en
la actividad
política donde las pretensiones de coacción y del monopolio y economía
de la violencia por parte del Estado, torna más evidente el juego de sus roles
recíprocos.
Para evitar confusiones, hay que mencionar que el poder no se presenta
como un concepto unívoco sino que resulta de la conjunción variable de diversos
elementos interactuantes, tales como: 1) individuos (sujetos activos y
pasivos); 2) espacio o entorno de ejercicio del poder; 3) ideas y creencias
dominantes y emergentes; 4) recursos y tecnología disponibles y 5) la eficacia
de la organización al servicio del poder.
En la variable “individuos” es menester considerar
todas las características sociales de éstos, sus modalidades individuales y
grupales, tamaño de la población, productividad económica, eficacia de su
organización política, sus indicadores demográficos, grado de urbanización,
población económicamente activa, estratificación o movilidad social, clases,
uniformidad o disparidad étnica o religiosa.
La variable “espacio” incluye los determinantes geográficos, ecológicos,
climáticos, del ejercicio del poder.
Las llamadas “ideas y creencias” (cultura para ciertos antropólogos
sociales = modos de ver, de sentir y de actuar de las personas en base a las
vivencias y conocimientos) constituyen la base simbólica con que los sujetos
activos y pasivos se interrelacionan a través del poder. Están integrados por
los aspectos morales, religiosos, ideológicos, filosóficos, científicos,
jurídicos, artísticos, costumbrísticos, que estructuran la personalidad y la
acción social de los individuos.
Los “recursos tecnológicos” hacen referencia a la disponibilidad de
materias primas, al desarrollo económico, los avances técnicos y científicos
que se posean y el grado de independencia con que las elites políticas puedan
aplicar tales recursos a satisfacer los intereses de esa específica sociedad
nacional. Para buena parte de los estudiosos (ver Labourdette 1984), esta
variable constituye la más importante o la base en la construcción del
poder.
Finalmente, las “organizaciones” aparecen como
unidades sociales deliberadamente construidas y reconstruidas para alcanzar
fines específicos (evidentes u ocultos). Para ello se articulan estableciendo
una estructura jerárquica con distribución de roles, estatus, cargos y
asignación de responsabilidades y tareas, a los que acompaña necesariamente una
subestructura de poder interno (el poder externo será determinado por la
eficacia del cumplimiento de los fines organizativos).
Estamos en condiciones de retomar, desde otro nivel de abordaje, el
análisis de las relaciones entre poder y Derecho. Desde un punto de vista ideal, el
Derecho en sí se muestra como una imprescindible y beneficiosa herramienta para
armonizar la vida de un colectivo determinado y reducir sus naturales
conflictos a un nivel compatible con los objetivos o intereses esenciales o
dominantes de tal comunidad.
La experiencia observable en todas las sociedades es que este rol
“ideal” del Derecho se cumple en muy pocos casos o situaciones. Sólo se da en
supuestos como los siguientes: 1) Cuando las relaciones, conflictos o necesidad
de aplicar el Derecho se plantea entre individuos u organizaciones sin poder o
con escaso poder social, como un medio de lograr reconocimientos de ventajas,
garantías, límites o posiciones; 2) Cuando la trascendencia del caso en debate
no afecta los intereses de detentadores o factores de poder; 3) Cuando la
eficacia de las instituciones (valores culturales del respeto a las normas) o
la independencia judicial están muy arraigadas y los efectos de la decisión
serán habitualmente acatados por sus destinatarios, como un paradigma fuera de
toda discusión.
Por el contrario, la existencia de institucionalidad débil, compromisos
o temores a represalias de terceros padecidas por los magistrados, presiones
sobre los mismos, corrupción, puesta en peligro de beneficios adquiridos por la
domesticación (estabilidad en el cargo, jubilación especial, adecuado nivel de
ingresos, “colocación” de familiares directos o de individuos clientelares),
grados de impunidad, factores culturales (anomia o desprecio hacia la
normatividad formal) y otros de parecido tenor, suelen hacer que las
consecuencias en la aplicación de las normas acorde a sus fines declarados
queden habitualmente reducidos a los individuos y entidades sin poder, aunque
incluidos en el sistema (ellos pueden ser fácilmente ubicados, afectados en su
libertad o sus bienes por el imperium judicial, a diferencia de los
poderosos y los marginales). Un ejemplo muy claro en este aspecto es el sistema
impositivo argentino: pagan mucho más impuestos en relación a sus ingresos los
asalariados cuya retención se efectúa por terceros (trabajadores por sus
empleadores: ganancias; o consumidores por vendedores: valor agregado)
que otros contribuyentes cuya iniciativa de pago depende de su voluntad y
“declaraciones juradas” (actividades empresariales, financieras, inmobiliarias,
etc.). Los excluidos y participantes de economías marginales (trabajadores no
registrados, cuentapropistas, beneficiarios de modos de ingresos ilícitos),
tampoco suelen tributar en la medida y habitualidad de los primeros.
Otro tanto ocurre con la persecución de
ilícitos. Son reiteradas y conocidas las estadísticas que demuestran que el
porcentaje de condenados en las cárceles, medidos por sus niveles de ingresos,
no guarda relación alguna con su distribución en la sociedad. Dicho de otra
manera: no hay el mismo porcentaje de excluidos, pobres, clase media y clase
alta en las cárceles que su equivalente en la sociedad, de lo que podría
inferirse que los primeros son “feos, sucios y malos” como en aquel recordado western,
o que los individuos con poder tienen muchos más medios para impunizarse frente
a los delitos que cometen (asistencia jurídica eficaz, dilatoria o asociada a
cierto tipo venal de magistrados; relaciones, falta de publicidad de sus
ilícitos).
En síntesis: el grado de cumplimiento del orden normativo está en
relación inversa a dos situaciones extremas:
I) En el vértice de la pirámide social, respecto del poder que el
individuo u organización posea en el grupo o sociedad de pertenencia;
II) En la base de los mismos, al nivel de exclusión que el individuo
padezca respecto al colectivo sujeto a normas. Con respecto a estos últimos,
ver desarrollo más amplio en el apartado siguiente.
II. La cuarta clase
social (los excluidos).
En la pasada década de los 90’s el autor recuerda haber oído a un chusco
proponer que al entonces Presidente Menem había que conferirle el primer Premio
Nobel de Sociología, por ser el inventor de una nueva clase social: la clase “ténia”
(imitando el decir riojano y cambiando el acento de lugar, en vez de tenía), la que ténia empleo, ténia casa, ténia
auto, ténia salud...
Más allá de la chanza, la anécdota hace
referencia a los marginados de cualquier sociedad, a quienes sus niveles
socio-económicos los alejan de cualquier posibilidad razonable de consumo,
utilización de servicios y desarrollo individual o familiar. Provienen de
distintos estamentos: los que por su estado de educación práctica no logran
calificar para ningún empleo de ingresos aceptables, los inmigrantes de países
o etnias que no son fácilmente asimilados por la sociedad de destino, ciertas
minorías nacionales (aborígenes, las llamadas “tribus urbanas”), los habitantes
de zonas determinadas (“villeros”, “okupas”, los residentes en lugares rurales
de difícil acceso), que desempeñan los oficios o tareas despreciados por el
resto (recolección y clasificación de residuos, domésticas, prostitutas,
abrecoches en la vía pública, trabajadores rurales golondrinas, pegatinas de
carteles en las campañas políticas; matones, guardaespaldas y barrabravas al
mejor postor, vendedores de ocasión, changuistas todo servicio), forman parte
de los “sintecho” (homeless) de las zonas urbanas y suburbanas,
mendigos, trashumantes o vagabundos (“crotos”, “linyeras”, “vagos”), los
indocumentados, los desocupados crónicos, la niñez en situación de abandono o
depositada en los paradojalmente llamados “Institutos de Guarda de Menores”,
buena parte de los lisiados y minusválidos y –categoría lamentable de los tres
últimos lustros en nuestro país- los ancianos con prestaciones previsionales
mínimas o que no tengan familiares que provean a sus necesidades básicas.
Es imposible determinar el número total de los marginados locales ajenos
a la protección eficaz (no declamativa o potencial) de las garantías del orden
jurídico. La dispersión de la población afectada es muy dispar según sea la
variable referencial que se tome: educación, ingresos, género, provincia de
residencia, condición etaria, etc. La exteriorización de la verdadera magnitud
de estos datos es siempre “políticamente incorrecta” para las mayorías
gobernantes de turno pues contrastan directamente con la declamada eficacia de
su gestión y por ello se ha incorporado a la cultura política de las últimas
décadas la costumbre de falsear los datos estadísticos acerca de su magnitud,
reduciéndola.
El nivel de educación general de los argentinos es un tema vergonzante
que pocos se atreven a tocar, y los pocos que lo hacen corren el riesgo de ser
acusados de discriminatorios y aristocratizantes. Además, demuestra el abandono
del tema que la clase política vernácula viene adoptando desde hace décadas,
cualesquiera fuese su pertenencia partidaria. Siguiendo las pautas mundiales de
la UNESCO (clasificación de la población de los países por niveles alcanzados
de educación), en el primer grupo estandarizado, sumando a los argentinos
analfabetos más los de instrucción primaria o elemental incompleta más los de
instrucción primaria completa, se llega a un universo del 54% de los
habitantes. En el grupo superior, sólo el 4% tiene instrucción terciaria o
universitaria completa, datos todos proporcionados por el Ministerio de
Educación de la Nación
en Agosto de 2000 (1). Debe precisarse que se toman niveles formales de
escolaridad alcanzados y no calidad o tiempo de instrucción efectivamente
impartida; de tal modo la estadística internacional iguala a un escolar con primaria
completa de Suecia, Argentina y Tuvalu.
Una de las principales consecuencias de la marginación está vinculada a
la ausencia o menguada posibilidad de ejercicio de sus derechos y a la
protección del orden jurídico, al que sí acceden, aunque con alcances
diferentes, las otras tres tradicionales clases sociales (alta, media y baja y
sus subdivisiones). Se trata de un perverso círculo vicioso: porque no tienen
educación ni medios materiales no conocen mayoritariamente sus derechos o no
pueden ejercerlos, por una razón de costos (servicios de un abogado o de la
administración de justicia). Por no estar jurídicamente protegidos son objeto
de, o están en peligro de, todo tipo de abusos e ilícitos por el resto de las
personas incluidas socialmente o los de su propia clase.
Integran la inmensa mayoría de los procesados o los condenados que moran
las cárceles, los burlados, sometidos y estafados por empresas de consumo
masivo, propaganda engañosa, vivillos y aprovechadores, los que padecen
enfermedades que por falta de oportuno cuidado los llevan a una muerte
prematura (6% de los argentinos, alrededor de 2.220.000 seres, no sobrepasará
los 40 años de vida; Naciones Unidas, Informe para el Desarrollo Humano,
1998), la gran parte del 29% de la población argentina que carece de agua
potable y servicios de salud (NN.UU. ídem Informe anterior), los
subalimentados con residuos de casas de comida o comedores populares, los que
los índices estadísticos oficiales categorizan como indigentes, que
alcanzan al 8,7% de la población del país, unos 3,5 millones de personas (2);
en fin, esa corte de los milagros que los políticos de derecha ignoran o
condenan atribuyéndoles la pretensión de vivir a costa del Estado y de los
que trabajan y pagan impuestos y los de izquierda o señores feudales de
provincia, salvo en el discurso, no incluyen en realizaciones prácticas pues
son votos cautivos clientelares o simplemente no votan en gran parte (por
indocumentados, por desidia o por conciencia de la inutilidad del sufragio) y
no son especialmente perceptibles debido a su baja conflictividad y
protagonismo (militancia) social, salvo estallidos esporádicos y puntuales de piqueteros,
artesanos o inquilinos desalojados .
Siguen las diversas estadísticas del espanto: el 10% más pobre de la
sociedad tiene 30 veces menos ingreso que el 10% más rico (3); en la opulenta
Buenos Aires con u$s 13.330 de PBI per
cápita, el más alto del país (4) duermen 800 personas en la calle (5); en
2006 el anuario estadístico del INDEC indicaba que en el llamado Gran Buenos
Aires, 300.000 jóvenes entre 15 y 21 años no trabajaban ni estudiaban, cifra
que se había duplicado en el año 2008 según informes de la televisión pública,
mientras que tasa de delincuencia en la Capital federal pasaba de 204,6 casos judiciales
registrados por cada 10.000 habitantes en 1990 a 703,2 en 2005 (344%
de incremento entre los inicios de la Presidencia Menem
a mediados de la
Presidencia Kirchner) (6), datos que deben corregirse con las
encuestas que demuestran que, en promedio, las víctimas denuncian por diversos
factores alrededor del 50% de los delitos que sufren, a lo que hay que sumar un
porcentaje desconocido de “desaparición de delitos a nivel de comisaría”
por diversas situaciones estructurales de incompetencia o corrupción, con lo
cual llegan a los registros de los juzgados bastante menos del 50% de los
ilícitos cometidos.
La mayoría de nuestros marginales no suelen existir con individualidad
expresa para los ordenamientos jurídicos positivos, los que sí incluyen a las categorías
de ciudadanos, contribuyentes, habitantes, propietarios, trabajadores,
inquilinos, usuarios, etc., variables todas ellas que suponen un mínimo
patrimonio, educación, capacidad de obtener ingresos, elegir entre opciones y
protagonizar actos jurídicos y procesales, posibilidades que, por lo común, no
tienen los desclasados.
El Derecho no cuenta a estos últimos entre sus destinatarios operativos
específicos y ellos no actúan como sujetos de derechos. Soportan los abandonos,
los N. N., los “ninguneos” habituales del entorno. Tampoco suelen
calificar para los planes de asistencia, que en nuestras prácticas nacionales
se obtienen por intermediación y en sociedad con algún militante, “puntero” o
dirigente político. No son buscados por las policías cuando desaparecen porque
nunca aparecieron del todo (indocumentados, domicilio no registrado en
los padrones electorales), como sí ocurre cuando la víctima es hijo de un
empresario, vive en la zona norte del conurbano, o tiene repercusión mediática,
por ejemplo.
La mayoría de los integrantes de los grupos excluidos soportan los
índices más graves de necesidades básicas insatisfechas: ingresos mínimos para
subvenir la canasta de alimentos, medicamentos y vestiduras, vivienda adecuada
para su grupo familiar, educación mínima para calificar para empleos que
proporcionen ingresos que satisfagan sus necesidades vitales y a las de sus
personas dependientes. Carecen las más de las veces de ingresos y ocupaciones
estables y sus modos de vida, valores y normas difieren de manera evidente de
los del resto de los habitantes.
Es más, si estando en edad laboral pudieren ser candidatos a empleos de
baja calificación, suelen ser automáticamente discriminados por circunstancias
objetivas tales como lugar de residencia (villas o asentamientos de
emergencia), relación edad / constancias de trabajos / experiencia anteriores,
existencia de antecedentes penales, salud desatendida (minusvalías, chagas y otras enfermedades endémicas,
falta de piezas dentales), modalidades de expresión y calidad de discurso
(vocabulario limitado, lunfardo o “canero”) e incluso desaliño personal
(suciedad, ropas inadecuadas o rotas) al momento de la entrevista de
selección.
Por condicionamientos vitales, se
desenvuelven respecto a los ingresos y al trabajo entre cuatro posibilidades
muy nítidas:
a) El empleo fijo, de muy difícil
obtención y mantenimiento por las circunstancias apuntadas;
b) Tareas temporales (changas,
“cirujeos”, cuentapropismo, “buscas”, “cartoneros”, repartidores de volantes en
la vía pública);
c) Tareas al margen de la ley que
no impliquen asesinatos u otros delitos mayores (“pibes chorros”, “mulas”,
“pasadores”, reducidores, descuidistas, pequeños estafadores, “levantadores de
autos”, hurtos de elementos de la vía pública en situación de descuidismo o
impunidad);
d) Ocupaciones alternadas de las
tres anteriores según necesidades.
El marginal social es
consecuentemente un marginal normativo. Muchas de las encuestas o entrevistas
de los medios de difusión pública a este estamento establecen que los
interrogados aceptan como habitual tener por profesión o medio de vida “el choreo” y que esto lo hacen como una
manera “natural” de obtener ingresos. Entrevistas de tenor similar –pero a
personas socialmente incluidas- demuestran su rechazo genérico e irreflexivo a
los congéneres excluidos: “que vayan a trabajar”, “que no pidan que el
Estado les dé todo”, “que se ganen lo que comen, como nosotros”, “que paguen
impuestos”, suelen sostener, como si el acceso a los medios mínimos de
educación estándar para la convivencia y la supervivencia, fuere una
oportunidad al alcance de todos.
El sistema normativo muestra en
tales situaciones su ineficacia tanto para garantizar derechos básicos para
todos los individuos de la sociedad nacional, cuanto para evitar comportamientos
desviados en magnitudes directamente proporcionales al crecimiento de la
marginación.
Sintetizando, para los marginales
el Derecho es sólo un medio de control social y de represión de los desviados,
cuando logra hacerse efectivo. Cuando no les alcanza, es meramente inexistente,
en la figura de la anomia clásica.
III. De
profesión: corruptos.
La corrupción es un
fenómeno recurrente de las sociedades humanas que varía según las épocas y las
culturas, pero que se distingue por cuatro elementos principales:
a) Un componente normativo, que distingue de dos maneras posibles: 1) al
sujeto pasivo agredido por el ilícito proveniente de la aplicación de la regla
estatal; 2) al sujeto fautor o promotor de normatividad sancionada ex profeso
para generar corrupción (promociones, subsidios, exenciones particulares,
oscuridad, latitud, excesivo reglamentarismo de las reglas aplicables);
b) Un sujeto
activo, el corruptor en situación de poder (Funcionario o
empleado público, legislador, dirigente de corporaciones o empresas privadas o
sujetos particulares con preeminencia social) que, llevado por motivaciones
económicas o culturales, comete ilícitos induciendo a terceros a violar un
orden jurídico local o trasnacional;
c) Un sujeto
pasivo, el tercero corrompido (También funcionarios y
particulares, etc.) que, generalmente por razones materiales o sensuales, se
deja corromper, cometiendo ilícitos contra el orden jurídico local o alguno
trasnacional;
d) Un componente
cultural: el grado de aceptación o rechazo que estas situaciones de
corrupción generan en los individuos del común (mass-media) de la
sociedad afectada, y su valor correlativo: el grado efectivo en que los
componentes de una sociedad participan o toleran actos de corrupción, más allá
de los rechazos exteriorizados a nivel de discurso público o privado. Están
vinculados a otra variable que les es correlativa: el mayor o menor grado de impunidad que en cada sociedad
acompaña efectivamente a la corrupción, que puede obrar como un freno o como
potenciador de esta figura.
Corrupción y poder están íntimamente conectados. Para lograr aquéllos de
sus fines que estén en contradicción con el orden jurídico (enriquecimiento
personal, aprovechamiento de las estructuras públicas en beneficio propio o de
terceros, mero incremento ilegítimo del poder), ambos fenómenos interactúan con
una nueva variable: la neutralización del poder coactivo del Estado para
perseguir ilícitos, vía impunidad,
con la necesaria participación de estructuras e individuos integrantes del
poder represivo legítimo (funcionarios, jueces, fiscales, miembros de los
servicios de inteligencia y seguridad).
El corrupto no sólo espera cometer un ilícito, sino que simultáneamente
se eviten en su perjuicio las dos sanciones más graves posibles: la estatal y
la social (difusión del acto). Por ello, una variable más se halla siempre
presente en el binomio poder-corrupción: es el secreto, que puede definirse como una categoría especial de
la impunidad: la impunidad de la intrascendencia al entorno del corrupto.
Los efectos de la corrupción, los estructurales abusos de poder y
conductas desviadas, el secreto y la impunidad en la sociedad argentina han
marcado de manera profunda la calidad de vida de sus integrantes en el último
medio siglo, cuanto menos. Algunos ejemplos conocidos los recordarán.
* El inexplicable crecimiento del endeudamiento interno y externo del
Estado, para tomar sólo cifras de los últimos tiempos: pasó de u$s 7.500
millones en 1976 (derrocamiento militar de María Isabel Martínez) a u$s 200.000
millones en 2001 (Huída de Fernando de la Rúa), sin responsables visibles o destinos
justificables (desarrollo de la economía y la infraestructura, planes de salud,
etc.) por la introducción de tamaña masa de dinero formalmente prestada. Hay
que recordar que al tomador del préstamo, según las tasas, las prácticas
financieras internacionales reconocen una “comisión” de entre el 1 y el 5% del
valor del préstamo (entre 2.000 y 10.000 millones de dólares se fagocitó la
clase política vernácula en 25 años por el mero servicio de endeudar al país;
he aquí una de las múltiples razones del súbito enriquecimiento de buena parte
de nuestros dirigentes).
* Los innumerables y continuados casos de negociados, escándalos,
malversaciones, sobreprecios, incrementos injustificados de fortunas personales
de políticos y funcionarios y empresas a ellos vinculadas, en perjuicio del
erario público, que trascendieron durante décadas, que se diluyeron al cabo sin
una condigna identificación y condena de sus autores, por absolución de las
personas o prescripción de los delitos o en las causas por deficiente
investigación, por obra del sistema judicial, normas procesales complicadas y
abogados al servicio de la impunidad de ilícitos a cambio de jugosos
honorarios.
* El aumento de la presión impositiva y consiguiente descenso de la
calidad de vida de la población, afectada históricamente y hacia el futuro para
solventar el endeudamiento creciente de las cuentas públicas, sin perspectiva
alguna de cambio (los sucesivos planes de refinanciamiento o “default” sólo
disfrazaron manejos en los balances del Banco Central: cuando disminuía el
endeudamiento en dólares –Plan Brady- aumentaba al poco tiempo en moneda local
– “pesificación” y alteración de los índices oficiales por politización del
Instituto Nacional de Estadística y Censos-)
* Grupos dirigentes que en el manejo del Estado nacional, desde los
inicios como Nación, se han caracterizado –salvo muy contadas excepciones- por
una constante de improvisación, incompetencia, rapacidad, aprovechamiento de
las estructuras públicas en su beneficio particular, energías dedicadas a la
construcción de poder en desmedro de los requerimientos de servicio propios del
cargo circunstancial y falta de responsabilidad (impunidad) frente a una
sociedad inerme a este tipo de cultura política. En síntesis, el modelo
institucional que emplea las estructuras estatales como botín de guerra de sus
ocasionales ocupantes.
IV – Intermedio
aparentemente injustificado: ¿“Terrorismo internacional” o mártires de causas
de los pueblos débiles?
Con el fin de expresar cabalmente el
sentido de las ideas que seguidamente expondremos, habrá de recurrirse a
determinados relatos cuyo significado quedará en claro cuando precisemos sus
modos alternativos de abordaje. Sólo tienen un rasgo en común: que expresarán
al cabo tanto la visión del dominador cuanto del dominado, más débil, vencido o
integrante de comunidades marginales o “exóticas”.
Primer relato: Comienzos del siglo
XIX d.C., en un bárbaro paraje del mundo, colonizado por una potencia retrógrada,
practicante de una religión intolerante que dice ser la única verdadera,
impuesta por su fuerza militar superior a la candidez de sus primitivos
pobladores. La región está sometida a la metrópolis por unos administradores
corruptos que protegen el contrabando local para burlar el monopolio comercial
impuesto por la misma y distante autoridad central. Los descendientes de los
aborígenes y de los colonizadores originales viven privados de la mayoría de
los avances materiales y morales a que tienen acceso las sociedades más
avanzadas del mundo
Una de las naciones más progresistas
para la época, patria de las libertades civiles y de mercado, condolida por el
estado de degradación de los nativos, envía una fuerza expedicionaria con
mercaderías, mercaderes y militares, para derrocar la estructura colonial y
llevar a los nativos los beneficios de su cultura, libertad de mercado y
creencias más tolerantes. Los habitantes locales, en su ignorancia e invencible
imbecilidad, obrando salvajemente hombres y mujeres sin distinción,
literalmente hierven vivos a los civilizadores perdiendo una oportunidad
histórica de progreso. Tal actitud es reiterada
meses después.
Segundo relato: Siglo VII a.C., un
pequeño pueblo, elegido de un dios vengativo e intolerante, logra grandeza a
través de un conductor muy sabio. La debilitación de sus creencias, idolatrías
posteriores y la debilidad militar frente a vecinos poderosos, llevan a la
dispersión de ese pequeño pueblo por el mundo y a la pérdida de su territorio
original, que es ocupado durante veintitantos siglos por adoradores de otro
dios tan intolerante como excluyente. Ya en el siglo XIX dC y en otro lugar del
mundo, algunos de los seguidores del pueblo disperso y perseguido conciben la
idea mesiánica de retornar al lugar nativo de más de veinte siglos atrás para
restablecer la patria perdida en los arcanos de la historia. Con la ayuda y
pasividad de la misma potencia progresista y civilizada del relato anterior
–que casualmente ocupaba con generosidad dicha comarca para llevar los
beneficios de su cultura, instituciones y religión a los atrasados habitantes-
durante siete décadas los mesiánicos van radicándose en la patria nunca
olvidada, comprando territorios y formando colonias. Los nuevos inmigrantes,
tras volverse contra la potencia permisiva y los pobladores preexistentes
utilizando atentados y guerrillas, se declaran independientes, forman un estado
y transforman su organización guerrillera y terrorista en su ejército nacional.
Los nativos fanáticos que fueron desplazados, reaccionan con los mismos
métodos, atacando cualquier expresión de ese nuevo Estado y de quienes les
protegen en todo el mundo y negándoles derecho a existir.
Tercer relato: Dos grandes islas
cercanas la una de la otra. Desde el Siglo V dC., la más verde, bonita y culta
de ellas, se convirtió en foco de irradiación de la Verdadera Fe por el
continente cercano por obra de predicadores iluminados. Los pobladores sud
orientales de la isla cercana, más bárbaros y mejor armados, aprovechando las
disensiones internas, inician una política expansionista que, continuada a
través de los siglos, les permite ocupar no sólo el resto de su extensa isla,
sino a la deliciosa vecina y extenderse además por diversas partes del planeta,
invadiendo territorios y colonizándolos en nombre de la fe, la racionalidad,
las libertades y los beneficios del comercio. En la verde isla cercana, sin
embargo, privados de lo que consideraban la necesidad de adorar a su dios
verdadero y gobernarse por sí mismos, durante muchas décadas, los vencidos
isleños se levantaron contra sus dominadores, con métodos crueles, siendo
reprimidos con más crueldad aún. Al fin, durante el Siglo XX dC. lograron el
autogobierno en las nueve décimas partes de la verde isla. El resto siguió en
manos de los amos anteriores (la misma potencia benévola de los dos relatos
previos). Hasta muy poco tiempo atrás, cada tanto moría o volaba por los aires
algún integrante de los bandos en pugna.
Cuarto y último relato: Diciéndose
convencidos los líderes de las grandes naciones del mundo hacia mediados del
Siglo XX dC. que las guerras entre países constituían verdaderas hecatombes y a
nada llevaban, constituyeron una entidad supranacional, fundada en
magnificentes principios (preservar la paz y la convivencia planetaria), aunque
reservándose las más grandes y poderosas el manejo efectivo de tan prestigiosa
entidad. A comienzos del siglo XXI dC. el mega organismo había avalado no
obstante varias intervenciones armadas de sus fuerzas multinacionales
(casualmente integradas por las grandes naciones y algunos estados débiles
subordinados a las políticas de aquéllas), bajo la invocación de existencia de
peligros para la democracia en las sociedades intervenidas, la paz mundial o de
gobiernos locales tiránicos lesivos de los derechos humanos. En muchos casos
los principales países ocupantes se encargaron, porque el caos reinante lo
impedía, de explotar los recursos naturales de los territorios en anarquía,
para asegurar que los beneficios del comercio de tales materias primas y
productos llegaran a los mercados que los consumían. Los desagradecidos
nativos, muchos de ellos seguidores del dios intolerante y vengativo del relato
segundo, reaccionaron salvajemente atacando de manera indiscriminada objetivos
y personas inocentes de los países civilizadores.
Como habrá comprendido el avispado lector, cada relato enmascara una
realidad histórica, concebido desde un enfoque discursivamente neutro pero ideológicamente
funcional a quien detenta el mayor poder y con una perspectiva actual.
Así mencionamos a: 1) Las llamadas “Invasiones Inglesas” al Río de la Plata, 2) El nacimiento del
Estado de Israel y la eterna guerra árabe-judía, 3) La liberación de Irlanda y
el conflicto por el irredento Ulster y 4) El patrón de las intervenciones
“pacificadoras” de las Naciones Unidas en África y Asia.
Según el bando beneficiario o agredido, la ideología político-religiosa
en que se apoye o la nacionalidad e intereses de pertenencia, resulta evidente
que no podemos ubicar una base normativa común, un orden jurídico con universales
(por lo menos jurídicos) eficaces para satisfacer a todos los bandos en pugna.
Es muy posible que cualquier dirigente, los medios de difusión, la mayoría de
los intelectuales norteamericanos, ingleses, alemanes, franceses, israelíes y
muchos de los restantes europeos occidentales coincidan en líneas generales con
el discurso contenido en los relatos. Lo harán seguramente apoyados en sus
valores, sus instituciones, sus tradiciones culturales y sus sistemas legales.
Calificarán de “terroristas”, fanáticos, “fundamentalistas”, anticristianos,
antisemitas, primitivos, salvajes y otros epítetos similares a los resistentes
a las intrusiones hegemónicas.
Según el discurso del débil, oprimido o invadido de cada territorio,
cultura o religión local, luchando para su propio bando tendremos patriotas,
mártires, guerreros de Dios contra la opresión occidental, próceres, padres de
la patria, militantes de la causa nacional... que verán a los invasores como
imperialistas, colonizadores, falsos profetas de causas materialistas,
explotadores del género humano, agentes del capitalismo...
Para alguna de las posturas en pugna estará justificado de manera no
sólo fáctica sino normativa torturar detenidos para arrancar información,
impedirles la participación de sus abogados defensores, trasladarlos a cárceles
clandestinas, buscar, apresar y matar de manera pública sus dirigentes y
militantes, todo ello sin mengua del orden jurídico y los derechos
fundamentales asegurados a las demás personas bajo control (o represión) social o con conductas y
antecedentes “normales” (políticamente correctos, democráticos, liberales, patriotas,
republicanos).
Para el enfoque opuesto, en tanto su auto-evaluación de víctima, de más
débil, de segregado por la comunidad internacional, se verá legítimo acorde los
mandatos religiosos o las concepciones laicas (políticas, patrióticas,
etnológicas, culturales) que los guíen, el hecho de agredir los intereses del
enemigo invasor por cualquier medio o táctica, pues carece de posibilidades de
vencerlo o neutralizarlo en un enfrentamiento abierto, masivo y directo. La
astucia, la emboscada, el atentado, la conspiración, el coche o el
individuo-bomba, el misil sobre poblaciones civiles, la victimización de
inocentes, el secuestro y estrellado de aviones, no son desde su ópticas
violaciones de ningún derecho humano pues es –casualmente- en la
invocación de todos o partes de esos derechos (vistos como argumentos satánicos
o pretextos, mero discurso colonialista) en que funda su oponente las acciones
contra él, su patria, sus propios inocentes, sus derechos humanos a existir
dentro de la propia patria o sus recursos.
Dependiendo de las épocas, culturas o trincheras de análisis, nuestro
Martín Güemes pudo haber sido un traidor a su clase y sus orígenes, que se
valió de unos bárbaros desarrapados para combatir con métodos guerrilleros a la
patria de sus ancestros quien le había dado sus raíces, su religión, la
legitimidad de sus bienes y sus autoridades. Para los salteños es su héroe
epónimo (Güemes es Salta) y para la mayoría de los argentinos el
arquetipo del coraje y la entrega total a la causa de la independencia de un
proyecto de nación. Según el orden jurídico que se eligiera aplicable, hubiere
sido justo apresarle, torturarle o descuartizarle como a su execrable
precedente José Gabriel Condorcanqui (“Tupac Amaru”) o, por vía
antagónica, hacerle merecedor de leyes, monumentos y recordatorios de perpetuo
homenaje.
Un narcotraficante o “cocalero” podría verse presentado como un sádico
materialista que por su afán inmoderado de dinero acarrea el vicio y el
deterioro psicosomático de muchos adictos o, en cambio, el defensor de una
industria con raíces culturales, basada en un cultivo tradicional de muchas
etnias originarias, a la falta de otros medios de subsistencia y capitales
genuinos para desarrollarlos (Bolivia y el movimiento que llevó a Evo Morales a
su presidencia podría ser un ejemplo de esta segunda visión). Es posible
multiplicar ad infinitum los ejemplos antitéticos.
Vemos aquí esbozados con trazos gruesos varios grupos históricos
contradictores de cualquier orden jurídico, tanto local como supranacional,
cuyas existencias nos ratifican afirmaciones ya efectuadas: a) El multiculturalismo como factor esencial
de re-conocimiento del otro y
tolerancia hacia sus conductas, culturas e instituciones, a fin de encontrar
caminos de convivencia, solución de conflictos, superación de desigualdades o
antinomias; b) consecuencia de lo anterior, imposibilidad fáctica de concebir
un orden jurídico universal, con eficacia y consenso para todas las sociedades,
que resultare a la vez ajeno a la contaminación con el poder e intereses, a las
estructuras socio culturales, a tiempos y locaciones determinadas; c) El
contraste extremo de valores entre sociedades en pugna, que deviene en visiones
maniqueas, glorificadas o victimizadas de las mismas, según cual fuere el punto
de mira del observador, los intereses afectados y las relaciones de poder
implicadas en ello.
V. El discurso
y la actitud acerca de lo falso.
Se identificaban al comienzo cuanto menos
cinco grupos (“esquemas de conductas”, subculturas), que pugnaban contra la
eficacia de cualquier orden normativo con pretensión de generalidad en una
determinada sociedad y, por carácter traslaticio, contra la de esa entelequia
llamada sociedad global. Es ahora el momento de mencionar dos de los mecanismos
habituales que todos ellos emplean para contradecir, burlar o soslayar
cualquier estructura normativa, como lo son la mentira y la simulación.
También se ha dicho, como al pasar, que
cualquier intento de poner de resalto el uso habitual de la mentira, el secreto
y la simulación como recursos habituales para la imposición del poder y de los
intereses personales, es descalificado como perteneciente a una supuesta teoría
de la conspiración, de suyo inexistente, de fuente ideológica e incomprobable.
Sin embargo, tenemos a mano uno de los
miles de ejemplos que el contraste de datos irrefutables, al alcance de
cualquier persona del común, nos brindan los medios masivos de difusión; en el
caso, el uso de la mentira por las coyunturales dirigencias políticas de los
países más poderosos del momento.
En el curso del pasado siglo XX y en lo
que va del presente, los países occidentales concluyeron numerosos tratados
internacionales y acuerdos de libre comercio (libertad de mercados,
aboliciones arancelarias), además de constituir grandes bloques regionales y
asociaciones de países para implantarlo en todo el orbe (MCE., Mercosur, ALCA,
OCDE, etc.). El “proteccionismo”, o sea la tentativa de intervención de un
estado determinado de limitar o cerrar su mercado interno al libre ingreso de
bienes de terceros países se considera una medida tan grave que puede acarrear
sanciones de tribunales supranacionales o represalias de la comunidad
internacional (en rigor, Estados Unidos y el M. C. E.).
Por principios teóricos, estructurales y
hasta normativos de tal sistema, está prohibida la intervención de estos Estados de Derecho en la gestión
comercial privada para limitarla o condicionarla más allá de los meros
controles fiscales y de licitud operativa. La iniciativa privada, la asunción
del riesgo empresario y sus consecuencias, la libre disposición de los
beneficios de la gestión capitalista (y su correlativo opuesto, la asunción de
pérdidas en caso de malos negocios) contribuyen al fundamento fáctico y ético
del modelo capitalista de mercado, tal como se enseña en todas las
universidades de negocios occidentales.
También, por principios normativos, todos
los Estados prohíben disponer de fondos del erario público para fines particulares;
lo contrario suele calificarse como delito (malversación de fondos públicos,
incumplimiento de los deberes de funcionario público, corrupción y otras
figuras penales conexas). La mentira o la simulación, las más de las veces sin
explicación alguna sin embargo, permiten disponer libremente de los fondos
públicos para acudir en auxilio de malos negocios particulares.
En Setiembre de 1998 uno de los grandes
fondos de inversión estadounidense – Long Term Capital Management
(LTCM)- encontró que no tenía fondos para pagar los dividendos a sus
inversores. Al trascender su estado y debido a la magnitud de la empresa, la
economía estadounidense (y por reflejo la del resto de los países vinculados a
ella), corrió el riesgo de una corrida de imprevisibles consecuencias. El
entonces titular de la
Reserva Federal (equivalente al Banco Central argentino)
actuó de inmediato en contradicción de su filosofía de vida expuesta en
publicaciones y conferencias (el capitalismo como estructura basada en el
riesgo, la iniciativa y la responsabilidad privada), poniéndose a la cabeza de
un rescate efectuado con miles de millones de dólares, muchos de ellos
provenientes de fondos fiscales. Si bien se evitó la crisis, Greenspan, que de
él se trataba, recibió críticas de muchos de sus pares porque trasladó a los
contribuyentes inocentes las consecuencias de las malas decisiones (o
eventuales ilícitos) de los directivos de LTCM. Greenspan no fue imputado de
delito alguno, pues es parte de la cultura política estadounidense consiste en
trasladar a sus ciudadanos del común (sin poder) los malos negocios de sus
grandes corporaciones (7).
Tal circunstancia se repitió en 2007,
esta vez en Estados Unidos y Francia. En el mundillo económico estadounidense
se multiplicaron las últimas décadas una modalidad de préstamo inmobiliario
llamado “subprime” (tomados por individuos o grupos a un interés superior a la
tasa de mercado, aunque no acreditaren capacidad financiera para saldarlos).
Son operaciones de alto riesgo pero de altas ganancias, realizadas por
estructuras llamadas “fondos buitres”, que generalmente operan bajo el paraguas
de un banco respetable. A mediados de 2007 trascendió la quiebra virtual de dos
fondos buitres dedicados a estas operaciones, de propiedad de Bear Sterns,
una importante banca de inversión. Pocas semanas después, el BNP Paribas, uno
de los grandes bancos franceses, suspendió los negocios inmobiliarios de tres
de sus fondos buitres por u$s 2000 millones.
Esta vez la respuesta se generalizó y en
las primeras semanas de Agosto de 2007 los bancos centrales europeo, de
Australia, Canadá, Japón y la Reserva Federal norteamericana, en una acción
conjunta, inyectaron 287.000 millones de dólares para frenar la crisis de
desconfianza de los mercados globales de crédito (8).
El argumento empleado: evitar una crisis
financiera global de imprevisibles alcances, no logró evitar la mentira o
simulación esencial del sistema capitalista contemporáneo, pese a su declamada
autonomía de la actividad privada: cuando los riesgos de los negocios afectan a
operadores de magnitud, las consecuencias negativas terminan asumiéndolas los
fondos públicos y los contribuyentes privados y ajenos de las maniobras. La
estructura del Estado de Derecho no sólo evita estas maniobras sino que es
funcional con sus organismos económicos para mantener este mecanismo de manera
permanente y sin sobresaltos, además de proveer a su justificación y
legitimidad.
Las dirigencias en la Argentina ejecutan prácticas
parecidas, usando la mentira a gran nivel como política de Estado. Tomando sólo
como referencia la
Administración Menem, recordamos los efectos de las
privatizaciones de las empresas estatales. El declarado propósito para
concretarlas fue alinear la sociedad argentina con las “reaganomics” y otras
medidas básicas de la ideología neoliberal de los ’80 y ’90: achicar el
Estado es agrandar a la Nación,
según la más perfecta síntesis oratoria de esa política, como sostenían sus
epígonos. Nuestros servicios públicos, nuestras reservas energéticas, nuestras
comunicaciones, incluso nuestros fondos previsionales, estarían mucho mejor en
manos privadas, pues siendo el leit motiv del capitalismo optimizar el
lucro, su gestión por empresas particulares proveerían las inversiones y el
progreso necesario, terminando con los déficits, el clientelismo, la
ineficiencia y burocracia propias del administrador estatal, que por entonces
soportaban los usuarios y contribuyentes.
Desde 2003 otro discurso se implantó en
el país: tener “memoria del saqueo”, derechos humanos, etc. etc. Continuaron
los subsidios multimillonarios a los dueños de las empresas privatizadas:
combustible, transportes o eximición de inversiones: autopistas,
comunicaciones, energía, a fin de socializar el riesgo empresario y vivir de la
ilusión que los servicios no incrementan su precio. La falsedad de la
redistribución de ingresos hacia algunos de los poderosos vía confiscación
impositiva, hizo de las clases medias -cautivas de
las recaudadoras federal y provinciales- el pato de la boda.
El Derecho sirvió como una herramienta más
al servicio del poder, aunque con discursos antitéticos...
Morón, conurbano bonaerense, Agosto 2008.
Notas.
(1) “Clarín”, C.A. de
Buenos Aires, edición del 22/08/2000, pág. 8.
(2) (3) (4) (6)
“Clarín”, idem, 24/06/2007, pág. 10.
(5) “Clarín”, idem,
24/06/2007, pág. 41.
(7) Cardozo, O.R.
“Temblores y burbujas en los ciclos de la economía global”, “Clarín”, 11/08/2007,
pág. 39.
(8) “Clarín”,
11/08/2007, “Inyectaron u$s 287.000 millones para frenar la crisis de los
mercados”, pág. 30.
Bibliografía
(*) Durkheim, Émile. De su extensa y clásica
obra, publicada regularmente en las distintas editoriales de pensamiento
sociológico, podemos destacar: “Las formas elementales de la vida religiosa”,
“Sociología y Filosofía”, “La división del trabajo social” y “Las reglas del método
sociológico”.
Labourdette, Sergio. “El poder.
Hacia una teoría sistemática”, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1984.
Ruiz, Alicia. “Aspectos
ideológicos del discurso jurídico”, en “Materiales”, págs. 99/140.
No hay comentarios:
Publicar un comentario