Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el informe “
Hacia el cierre de Guantánamo”,
que aborda la situación de derechos humanos de las personas detenidas
por Estados Unidos en la Base Naval en la Bahía de Guantánamo, Cuba,
tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El informe concluye que
las principales violaciones a los derechos humanos en el centro de
detención de Guantánamo son la detención indefinida, la práctica de
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el acceso
limitado o nulo a la protección judicial, la falta de debido proceso, el
régimen discriminatorio y la falta de defensa adecuada.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en reiteradas
ocasiones, y reitera una vez más, que la detención continua e indefinida
de personas, como ocurre en Guantánamo, sin derecho al debido proceso,
es arbitraria y constituye una clara violación del derecho
internacional”, dijo la Presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine.
“La CIDH reitera nuevamente el llamado de cerrar el centro de detención
de Estados Unidos en Guantánamo. Saludamos los pasos dados por Estados
Unidos en este sentido, a la vez que urgimos a redoblar los esfuerzos
para alcanzar el objetivo de cerrarlo de manera definitiva”, agregó. En
este sentido, el informe de la CIDH formula recomendaciones específicas
orientadas a alentar a Estados Unidos a cumplir adecuadamente sus
compromisos de derecho internacional de los derechos humanos, adoptando
las medidas necesarias para cerrar el centro de detención.
Por su parte, el Comisionado Felipe González, Relator de la CIDH para
Estados Unidos, destacó que “las razones de seguridad pública no pueden
servir como pretexto para la detención indefinida de personas sin
presentar cargos en su contra o someterlas a juicio”. En este sentido,
señaló que “el informe examina el acceso a la justicia de los detenidos y
si los recursos judiciales disponibles son adecuados y efectivos, y las
conclusiones son contundentes en cuanto a que las presunciones y la
carga de la prueba han sido utilizadas de tal manera que generaron un
impacto negativo en el acceso a recursos efectivos, resultando en una
violación al derecho a un juicio justo y a la protección judicial”.
De acuerdo a información desclasificada del Departamento de Defensa de
Estados Unidos, de 779 detenidos en Guantánamo, solamente el 8% fueron
identificados como “combatientes” de Al-Qaeda o Talibanes, el 93% no
fueron capturados por fuerzas estadounidenses y la mayoría fueron
entregados a la custodia estadounidense en un momento en que Estados
Unidos ofrecía recompensas por la captura de supuestos terroristas.
Hasta ahora, solamente el 1% de la totalidad de prisioneros que han
estado recluidos en Guantánamo han sido condenados por una comisión
militar; en dos de los ocho casos la condena por apoyo material fue
anulada en apelación por las cortes federales. Los pocos procesos en
curso ante comisiones militares se encuentran estancados en etapa
preliminar desde hace varios años.
“Estados Unidos debe liberar inmediatamente a todos los detenidos que no
serán acusados ni juzgados”, indicó el Relator González. “Y en el caso
de los detenidos que están siendo procesados por comisiones militares,
deben ser juzgados ante cortes federales. En cuanto a las víctimas de
torturas y malos tratos, Estados Unidos debe garantizar una reparación
efectiva e integral, y debe proceder a desclasificar toda prueba de
tortura y malos tratos e investigar todos los abusos que hayan tenido
lugar”.
El informe analiza también que el gobierno de Estados Unidos decidió
abrir un centro de detención fuera del territorio estadounidense con el
único propósito de detener a extranjeros sospechosos de terrorismo, los
cuales son todos musulmanes. Además, diseñó un sistema especial de
comisiones militares para juzgarlos, en ausencia de las garantías
procesales disponibles ante las cortes federales. “Estados Unidos otorga
a estos detenidos un tratamiento distinto de aquel que reciben otros
detenidos bajo su custodia, sean nacionales o extranjeros”, indicó la
Presidenta Antoine. “Invocando las exigencias de la guerra contra el
terrorismo, Estados Unidos ha justificado la creación de este régimen
particular, caracterizado por la detención indefinida, el acceso
limitado o la falta de acceso a la protección judicial, y el juicio en
ausencia de elementos básicos de debido proceso. Estados Unidos no ha
proporcionado una justificación clara respecto de este régimen aplicado
exclusivamente a hombres extranjeros musulmanes, lo que genera la
apariencia de que está dirigido a ciertas personas en razón de su
nacionalidad, etnia y religión”, señaló.
“Este informe es un paso adicional, y esperamos que final, en el trabajo
de monitoreo que la CIDH ha venido realizando desde que fueron
trasladados los primeros detenidos a Guantánamo”, indicó la Presidenta.
“Y decimos que esperamos que sea el paso final enfatizando la
importancia de que Estados Unidos implemente las recomendaciones
contenidas en este informe, a fin de avanzar hacia el cierre de este
centro de detención, que se ha convertido en un símbolo de abuso en todo
el mundo”.
Finalmente, la CIDH reitera su llamado a los Estados Miembros de la OEA a
considerar recibir a los detenidos de Guantánamo en un esfuerzo para
lograr el objetivo de cerrar este centro de detención y reafirmar la
larga tradición de asilo y protección de refugiados en la región.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los
derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA
en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes
que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y
no representan sus países de origen o residencia.
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