La madre de todas las batallas
Magistrados
y empleados judiciales empiezan el año 2017 en pie de guerra contra el
traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos
Aires y el proyecto de eliminación de la Feria judicial. Mañana viernes
ambos convocaron a un paro nacional de 24 horas. Se viene un año
caliente en Tribunales.
Por: Matías Werner
La resistencia al proyecto se hizo oír durante todo el año 2016, con marchas en contra por parte del gremio de judiciales y con la llegada de María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero a la Asociación de Magistrados, con un discurso duro con el proyecto de traspaso – algo compartido por todas las listas que compitieron en los últimos comicios de la AMFJN-. Con la noticia, del primer paso en la transferencia de competencias de la Justica Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, en plena feria judicial, las luces de alerta se encendieron en el ámbito tribunalicio.
A dos días de
iniciarse el año judicial 2017, ya tiene fecha el primer paro en
protesta contra la iniciativa del Gobierno Nacional. Será este viernes 3
de febrero cuando, después de mucho tiempo, jueces, fiscales,
defensores y funcionarios judiciales proclamen su oposición al
“traspaso” y a la propuesta de eliminar la feria judicial.
La
cita será en la planta baja del Palacio de Justicia de Talcahuano 550,
el edificio donde funciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
quizá el otro destinatario de las quejas, más por parte de la Unión de
Empleados de la Justicia Nacional, que al reclamo compartido con los
magistrados, le agregaron los cuestionamientos al Máximo Tribunal por
eliminar el adicional al personal de maestranza (POM).
Triple reclamo de los empleados judiciales
El
gremio dirigido por Julio Piumato emitió un duro comunicado en donde
denuncia que los trabajadores están siendo equiparados “a bienes
muebles” y que se los quiere traspasar “inconsulta e
inconstitucionalmente”.
“No hemos
sido consultados orgánicamente respecto a este convenio, que lejos de
focalizar sus esfuerzos en mejorar el servicio de justicia responde a un
reparto comiteril que no prioriza la independencia judicial ni tiene en
cuenta la carrera administrativa en función del esfuerzo y formación de
sus trabajadores, sino de los contubernios políticos”, critican desde
el gremio judicial.
La UEJN también
le dio un contenido político a la idea del traspaso, manifestando “una
gran preocupación” por la posibilidad de que “semejante revolución solo
se haga con la pretensión de garantizar la impunidad de funcionarios de
la CABA, puesto que el traspaso es justamente de juzgados vacantes
–cuyos jueces que designará la actual fuerza política-, y curiosamente
respecto de delitos contra la administración pública”. A los judiciales
les llamó la atención que “delitos más complejos como homicidios o
delitos contra la integridad sexual” permanezcan en la órbita nacional.
La
eliminación de la feria judicial, un tema que entró en agenda durante
el último verano y que en la Provincia de Buenos Aires ya cuenta con un
proyecto de ley, también generó rechazos en el seno del gremio.
“Pretende avanzar sobre el Poder Judicial y los Ministerios Públicos”,
dijo la UEJN en relación a la iniciativa y a cualquiera “que signifique
flexibilización laboral o avanzar sobre derechos de los trabajadores
judiciales”.
Desde el sector
sostiene que la feria “no es un tema a debatir que influye en el
mejoramiento de la Justicia Argentina”, la que esta “colapsada” pero por
“no haber acompañado ni en número de tribunales ni en modificación de
las plantas de personal el crecimiento exponencial que tuvo la
conflictividad social en la Argentina”, a lo que se le agrega “los
centenares de juzgados que no tienen jueces designados”.
Reunión y “suspensión de tareas”, la convocatoria de la Asociación de Magistrados
Por
su parte, la Asociación de Magistrados convocó a magistrados,
secretarios y funcionarios del Poder Judicial y de los Ministerios
Públicos de la Nación a una reunión en la planta baja del Palacio “con
suspensión de tareas”, a partir de las 12:30 hs del viernes. A la cita
también están invitados los consejeros jueces del Consejo de la
Magistratura de la Nación y los integrantes de Tribunales Federales
A
través de un comunicado, la entidad liderada por María Lilia Gómez
Alonso adelantó que en ese encuentro se discutirán “las implicancias del
convenio” entre los gobiernos Nacional y de la Ciudad, reiterando el
“más enfático rechazo a esa decisión” que tiene la Asociación.
Para
la AMFJN el convenio de traspaso “viola la Constitución Nacional y
vulnera los derechos laborales adquiridos por secretarios, funcionarios y
empleados de todos los estamentos del Poder Judicial y los Ministerios
Públicos de la Nación”.
El traspaso
es un proyecto que tiene larga data – está previsto por la Constitución
Nacional de 1994- y que fue retomado por el actual gobierno. En
diciembre de 2015, un día antes de la asunción de Mauricio Macri como
presidente, la Corte Suprema de Justicia suscribió un fallo donde señala
que "resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes para que
adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la CABA
el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia
jurisdiccional".
Debatido durante el
año 2016, a mediados de enero de este año Nación y Ciudad suscribieron
cuatro convenios interjurisdiccionales de transferencia de competencias
de la primera a la segunda, disponiendo que parte de la Justicia
Nacional en lo Criminal y Correccional – con sus cargos vacantes-, la
Justicia de las Relaciones de Consumo, el Registro de la Propiedad
Inmueble y la Inspección General de Justicia (IGJ), pasen a la órbita de
la Ciudad, lo que generó resistencia desde los sectores que convocan al
paro. Se prevé que el conflicto se alargue durante todo 2017.
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