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La Red
de Guaridas Fiscales en Latinoamérica
Juan E. Valerdi
Artículo publicado en la
Revista América
Latina en Movimiento No. 522 (marzo 2017):
¿Hasta cuándo las guaridas fiscales?
¿Hasta cuándo las guaridas fiscales?
ALAI AMLATINA, 16/03/2017.- Durante
el segundo semestre de 2016 el autor ha dedicado un gran
esfuerzo a elaborar un
estudio de las medidas presentes en 13 países latinoamericanos[1]
para luchar contra la Red de
Guaridas Fiscales (RGF)[2].
El breve enfoque
descriptivo se refiere
a una parte de Latinoamérica, sin embargo las conclusiones y
recomendaciones
respecto del abordaje necesario para solucionar el problema de
la RGF tienen un
enfoque global.
Comenzando
por una de las cuestiones básicas de la lucha contra la RGF, su
identificación,
vemos que de los trece países latinoamericanos analizados por el
autor en 2016,
solo seis presentan listas activas de guaridas fiscales (Brasil,
México,
Ecuador, Colombia, Perú y El Salvador), dos ya las tienen
previstas en su
normativa pero no las han emitido y por ende no son efectivas de
hecho
(Nicaragua y Honduras) y cuatro no tienen prevista ninguna
legislación
relacionada con las guaridas fiscales e incluso con precios de
transferencia (Bolivia,
Costa Rica, Paraguay y Guatemala).
Lo
primero que llama la atención al analizar las listas de
“Guaridas Fiscales” de
los seis países de Latinoamérica que las poseen, es su
heterogeneidad. Solo 17
jurisdicciones se encuentran presentes
en las seis “listas negras” activas de “Guaridas Fiscales”, en
tanto 42 solo
están presentes en una de las listas y 73 se encuentran en
algunas de las 6
listas activas de los países analizados.
Las
medidas relacionadas con las sanciones, restricciones o
prevención de evasión y
elusión que se implementan en las normativas de los países
emisores de las
listas son aún más variadas en extensión, profundidad, alcance,
metodología y
claridad, no solo en el presente sino en la evolución de cada
uno de los
países. En general estas
medidas de las
normativas nacen relacionadas con las cuestiones de precios de
transferencia y
luego se amplían eventualmente, o no, a otras vinculadas con lo
tributario,
financiero, de lucha contra el lavado de activos, comerciales,
etc. La variación
incluye países que incluso tienen ya prevista en su legislación
el elaborar y
difundir listas de guaridas fiscales pero que a pesar de ello no
lo han hecho,
habiendo transcurrido ya años desde que se incluyó dicha
previsión, como es el
caso de Honduras y Nicaragua.
Sin
duda alguna existe una relación entre la profundidad con que se
trata
normativamente el tema de la evasión y elusión fiscales
utilizando la RGF y la
magnitud del país que emite la normativa junto con el desarrollo
de su
Administración Fiscal Federal o Central, sin embargo existen
excepciones como
el caso de El Salvador, que siendo parte de un país de pequeño
porte y con un
desarrollo incipiente de su Administración Tributaria Central,
posee un detalle
normativo de listas anuales y medidas relacionadas que llama la
atención por su
profundidad.
Se requieren soluciones
globales
Según
la visión del autor, toda medida aislada de prevención de cada
país respecto de
RGF está destinada a ser, como mínimo, poco efectiva y a la
larga de hecho
prácticamente inútil. La
única solución
real que podría darse al problema de la evasión y elusión
asociadas a la RGF
debería darse a nivel global con una discusión en un ámbito
participativo y
democrático como las Naciones Unidas y el debate debería ir al
nudo mismo que
tiene que ver con una tributación diseñada nacionalmente en cada
país en base a
la economía vigente a principios del siglo XX y parches hasta
nuestros días que
no cambian su esencia. La
discusión
entonces debería enfocar en la creación de reglas
internacionales que regulen e
impongan tributación a las fuerzas productivas y de comercio
internacional que
hoy están encarnadas en multinacionales con presencia y
diversificación
productiva en decenas de países al mismo tiempo y que presentan
niveles de facturación
que compiten con los niveles de recaudación de muchos países
desarrollados. Estamos
entonces hablando de una discusión de
poder donde los Estados Nacionales se las tienen que ver con
empresas que en
muchos casos los superan en cuanto a su poder económico y por
ende fáctico en
un mundo como el actual. La
integración
de las empresas de producción con las financieras ha determinado
que esta
cuestión de crecimiento del poder de las corporaciones
multinacionales se
agravara y que el uso de la RGF no solo amenace gravemente la
recaudación
impositiva de todos los países del mundo, sino así mismo la
estabilidad
financiera mundial, como quedó demostrado en la crisis
financiera del año 2008.
La
RGF integra los fondos provenientes de todo tipo de origen,
legal e ilegal,
lícito e ilícito y sus facilitadores funcionan como nexos entre
todas esas
fuentes de fondos y los propietarios de las mismas; esto
determina que la lucha
contra la RGF de cada Estado Nacional dentro de sus fronteras y
a nivel
internacional se vea de hecho limitada por la disposición de sus
clases
políticas para ir a veces en contra de sus propios intereses
debido a que son
parte del establishment económico usuario de la RGF o socios del
mismo desde la
corrupción o en el “más inocente” de los “casos políticos”
rehenes de las
fuerzas nacionales o internacionales ligadas a las actividades
ilegales
violentas, como el terrorismo, narcotráfico, trata de personas o
tráfico de
armas, usuarios también de la RGF.
La
RGF tiene fuerzas propias y asociadas con poder de lobby a nivel
de medidas
globales y nacionales y se ha podido ver que en algunos países
integrantes de
la RGF tienen una capacidad muy efectiva para lograr su
exclusión de las
“listas negras” una vez incluidos en las mismas o evitar ser
incluidos. Panamá, Suiza
y Luxemburgo son casos claros de
esta cuestión.
OCDE promueve medidas
inefectivas
Analizar
la profundidad de las acciones de un país respecto de la lucha
contra la RGF
por la extensión de su “lista negra” sería pecar de superficial
e inocente, ya
que se puede incluir numerosas “Guaridas Fiscales” irrelevantes
para el país
emisor y excluir de las mismas a las más relevantes. En relación con esta
cuestión, sin embargo, es
importante destacar que en opinión de autor la OCDE está jugando
un rol clave
en la exclusión de las “listas negras” de las “Guaridas
Fiscales” de mayor
relevancia, por medio de diversas acciones que más que atacar el
problema de la
RGF les proporciona un “lavado de cara” y hace un “ordenamiento”
del
funcionamiento de la RGF, que seguramente apunta a que se
respeten los niveles
de poder de las potencias beneficiarias de los flujos
administrados por la RGF
en las porciones que reciben cada uno de dichas potencias. Es así que hoy se puede ver
como EEUU y Reino
Unido continúan siendo los principales promotores de las medidas
inefectivas del
OCDE, impulsadas e impuestas por el G20, y que se ven de modo
concreto, por
ejemplo, en la obligatoriedad de hecho de los países emisores de
“listas
negras” de excluir de las mismas a las jurisdicciones que,
siendo parte
indudable de la RGF, firman un acuerdo de intercambio de
información en el
marco de la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en
Materia
Fiscal”, vinculado al “Foro Global sobre la Transparencia y el
Intercambio de
Información con Fines Fiscales” de la OCDE. Como consecuencia directa de
estas acciones,
hoy la OCDE no posee lista alguna de “Guaridas Fiscales” o
similares.
En
la lucha contra la utilización de la RGF, no se está discutiendo
una serie de
maniobras para eludir o evadir tributos y para evitar
regulaciones financieras.
La discusión es mucho más
profunda y
está en cuestión la supervivencia misma del estado de bienestar
que tuvo
vigencia en el siglo XX. Evitar
una
lucha frontal con la RGF o hacerlo suponiendo que solo se está
atacando a unas
“pequeñas islas” sin poder efectivo[3],
y que trabajan en forma aislada anárquica y competitiva, es una
estrategia que
a mediano o largo plazo implicará un fracaso y por ende una
redefinición y
reducción de la presencia estatal que puede llevar a un aumento
de la exclusión
social y por ende de la violencia asociada a la pobreza,
marginalidad e
indigencia. Las clases
políticas
actuales y venideras deberán evaluar si están dispuestas a ir a
fondo
enfrentando a la RGF y sus poderosos beneficiarios directos e
indirectos, o ser
socios y estar dispuestos a afrontar las consecuencias sociales
en sus países,
sin tener opción a la violencia de la represión, tarde o
temprano. En el corazón
de esta batalla sorda que se
está dando hoy, y que se librará en los próximos lustros, está
el
financiamiento de la política como nudo central; mientras el
mismo siga ligado
a actividades ilegales, peajes o aportes de los beneficiarios de
la RGF y al
apoyo de las multinacionales de medios, la batalla estará
claramente definida y
las consecuencias también.
Juan Valerdi es economista especialista
en tributación y lucha antilavado.
Ex
asesor de la presidencia del Banco Central, Banco Nación y la
unidad antilavado
de Argentina.
[1] La investigación
abordó un conjunto de
trece países de Latinoamérica. Los trece
países seleccionados por las ONGs auspiciantes y el autor
son: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. En la selección se
combinaron la relevancia
económica y poblacional de los países junto con la
pertenencia a las ONGs
auspiciantes: Red de Justicia Fiscal Latinoamericana,
LATINDADD. Se prevé
la publicación del documento de
investigación, por parte de las ONGs auspiciantes, durante
el año 2017.
[2] El autor se resiste a
utilizar la
traducción habitual de los “Tax Havens” al español como
“Paraísos Fiscales”, ya
que no sólo es errónea desde el punto de vista formal (la
palabra en español
“Paraísos” en inglés es “Heaven” y no “Haven”) sino que
incluye en ese error un
fondo de justificación del uso de la Red de Guaridas
Fiscales (RGF) por parte
de las empresas y ricos que huirían del “infierno” de los
gobiernos cuya
“voracidad fiscal pretende saquear los beneficios obtenidos
con sus esfuerzos”.
“Haven” tiene como
traducción oficial,
entre otras, a “Guarida”, palabra que parece ser la más
representativa para el
rol que cumple la RGF desde las épocas de piratas y
corsarios al servicio de su
majestad la Reina.
[3] Como sugiere
erróneamente Gabriel Zucman en
su libro “La riqueza escondida de las naciones” (2015)
respecto de las islas y
territorios que forman parte de la Red de Guaridas Fiscales
y por ende propone
medidas de solución que carecen de visión política y de puja
de poder entre los
grandes beneficiarios y los perjudicados.
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