Estos firmaron el acta compromiso en Tucumán?.......
LOS JUECES QUE DEBEN DECIDIR EL TARIFAZO PODRAN VOLAR GRATIS EN PRIMERA
Una dádiva oportuna
El
gobierno dispuso que los jueces de la Corte Suprema que deben decidir
sobre el tarifazo podrán volar en primera sin pagar. Luego de ese regalo
de bodas, Macrì recibió en la Casa Rosada al presidente del tribunal
Ricardo Lorenzetti, pese a que hay un litigio abierto que interesa al
Poder Ejecutivo. El reglamento de la Corte sancionado durante la
presidencia de Petracchi proscribe las audiencias con una sola parte. La
respuesta social al tarifazo y el rol de CFK, en el corto y el largo
plazo.
Las cabezas de los poderes Ejecutivo y Judicial, Maurizio Macrì y Ricardo Lorenzetti. A los besos.
Imagen: Bernardino Avila
Por Horacio Verbitsky
Mientras
solicitaba a la Corte Suprema de Justicia que convalidara los
desmesurados incrementos de las tarifas de los servicios públicos
esenciales, contra los cuales el jueves se produjo una rotunda protesta
en todo el país, el gobierno nacional dispuso una dádiva para los cinco
miembros del tribunal que deben resolver su pedido. El 9 de julio el
Gerente de Aeropuertos de Aerolíneas Argentinas, Ricardo Lehmacher,
envió por correo electrónico una circular a todos los jefes de Escala de
la compañía aérea estatal comunicando el privilegio concedido. Su
texto, que se publica en facsímil aquí dice que los ministros de la
Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda,
Horacio Rosatti, y Fernando (sic) Rosenkrantz “tendrán derecho a upgrade
a clase ejecutiva sujeto a espacio en los vuelos de nuestra empresa”.
Rosenkrantz, quien aún no asumió su cargo, no se llama Fernando sino
Carlos. Esto significa que los cinco jueces podrán comprar pasajes en
clase turista y en cualquier lugar del mundo pasar a la clase ejecutiva
sin abonar la diferencia, siempre que en ese vuelo haya asientos
desocupados. Como la resolución no especifica la razón por la que se
concede el beneficio ni el carácter de los viajes cubiertos, se aplicará
no sólo a los de carácter oficial sino también a aquellos que forman
parte de la vida privada de los jueces, es decir un fuero personal
prohibido en forma explícita por el artículo 16 de la Constitución
Nacional.
Una cita furtiva
Lorenzetti es un apasionado viajero de clase mundial, que pasa varios meses por año fuera del país, participando en encuentros de colegas, recibiendo doctorados honoríficos, dictando conferencias o paseando con su novia, a la que desposó el viernes. Según la oficina CIJ, que atiende la imagen personal de Lorenzetti, desde noviembre de 2015 viajó a Porto Alegre (diferencia entre clase turista y ejecutiva a precios de hoy, 5.614 pesos), Salamanca (51.585 pesos de diferencia hasta y desde Madrid), Washington (139.000 pesos de diferencia), Asunción (4.772 pesos más), Roma (otros 32.000 pesos en clase ejecutiva) y Tucumán (3.833 pesos más). En total, un bonito sobresueldo de 236.804 pesos en poco más de seis meses. Según la revista Noticias, desde 2011 Lorenzetti viajó con su novia a Río de Janeiro (seis veces), Punta del Este (tres veces), Miami (dos veces), Madrid (dos veces), Italia, Dubai, Qatar e India. AA no tiene vuelos a Dubai, Qatar e India, aunque sí llega a Roma, como escala previa. Cotejando los precios en clase turista y ejecutiva, si volviera a realizar esos viajes aprovechando la merced de Aerolíneas Argentinas el ahorro para el presidente de la Corte sería de 732.000 pesos, que rondarían el millón y medio de pesos si incluyera como es de presumir a su compañera de viaje, salvo que él aceptara la poltrona doble y dejara a su consorte en la clase turista.
Mientras espera el fallo de la Corte Suprema sobre el tarifazo, el gobierno prodiga una graciosa cortesía a sus miembros.
Regalo de bodas
La notificación de Lehmacher no informa si el regalo de bodas fue una iniciativa del Poder Ejecutivo o de las autoridades de la empresa de bandera, lo cual no hace una diferencia, ya que AA es una compañía estatal y sus autoridades son designadas en forma discrecional por el gobierno, que en cuanto asumió dispuso el reemplazo de Mariano Recalde por la ex directiva de General Motors, Isela Costantini. Durante la campaña electoral el PRO había prometido terminar con los upgrades gratis y la nueva conducción lo oficializó, como recordaron empleados de la compañía en marzo, cuando el pase de cabina benefició a la esposa y el hijo del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en un vuelo a Barcelona. Dietrich explicó que ese upgrade sería pagado por Air France, que canceló el vuelo que habían comprado sus familiares. En el caso de los jueces de la Corte, por el contrario, la resolución no habla de compensación económica alguna, sino del ejercicio de un derecho, cuyo origen no fundamenta. Al cierre de esta edición Lehmacher no había respondido a un pedido de información para esta nota sobre “las actuaciones administrativas labradas para la toma de esa trascendente decisión y quiénes intervinieron antes de usted, dentro y fuera de la compañía”. Pero es inimaginable que la responsabilidad resida en una instancia intermedia como el gerente de aeropuertos.Las dádivas están contempladas en el Título XI del Código Penal sobre delitos contra la administración pública y se consideran una forma de cohecho. El artículo 257 amenaza con prisión de cuatro a doce años e inhabilitación absoluta y perpetua, al juez que las aceptara “para dictar o demorar u omitir dictar una resolución o fallo, en asunto sometido a su competencia” y el 259 prevé prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, para “el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo”. Por supuesto, antes sería necesario que los jueces fueran destituidos en juicio político, ocurrencia de alta improbabilidad en el actual contexto político.
El bolsillo y la boca
Pese al cortejo oficial, la Corte Suprema presentó al gobierno un cuestionario que vaticina dificultades. Como “medidas para mejor proveer”, el tribunal quiso enterarse si se tuvieron en cuenta los “principios de gradualidad y progresividad” para determinar los aumentos (su desconocimiento fue citado en 2009 por el ahora Procurador del Tesoro Carlos Balbín para impugnar los aumentos de hasta el 30 por ciento dispuestos por el anterior gobierno). La Corte también pidió informes sobre la tarifa social, su número de beneficiarios y su incidencia sobre el monto final a pagar por cada usuario; acerca de los criterios con que se concede o se niega la tarifa social a entidades de bien público, sin fines de lucro, y pequeñas y medianas empresas, en particular en las economías regionales; si al calcular las tarifas se tomaron en cuenta y con qué fundamentos técnicos, la distancia de los centros de producción, transporte y distribución y si se han considerado los ingresos del usuario y su grupo familiar. Al Poder Ejecutivo le será muy difícil responder estas sencillas preguntas, porque sin mayores estudios sólo pensó en mejorar los ingresos de las empresas, mientras la Corte considera el punto de vista de los usuarios que el gobierno desdeña.Con el olímpico desdén por la legalidad que lo caracteriza, el gobierno nacional desoyó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que suspendió el tarifazo porque no se realizó la audiencia pública previa obligatoria y dictó una nueva resolución, que pone un tope del 500 por ciento a los aumentos. La Cámara Federal debió recordarle que mientras no se realice la audiencia la suspensión sigue vigente. Por eso, el Poder Ejecutivo no puede aumentar las tarifas ni el 1000 ni el 500 ni el 10 por ciento. Al presentar el recurso extraordinario ante esa Cámara para llegar a la Corte Suprema, Aranguren cuestionó la constitucionalidad del requisito de la audiencia previa. Pero la columna vertebral de su recurso es el debate con el voto del juez Leopoldo Schiffrin, el único de la sala que no se limitó a las cuestiones formales. Este magistrado, de una cultura general y jurídica que excede la de cualquier juez de la Corte Suprema, de la que fue secretario penal, escribió que el “supuesto nuevo cuadro tarifario” es en realidad un cargo encubierto para que el Estado Nacional financie “los acuerdos de precios a los que llegó con las compañías de producción y transporte de gas”, lo cual carece de base legal. En su respuesta Aranguren sostiene que un servicio público esencial está en una situación de extrema gravedad por diversas razones (escasez del recurso, falta de inversiones en exploración y producción de gas y en obras de infraestructura para la expansión y el mantenimiento de las redes de transporte y distribución), lo cual pone en riesgo el abastecimiento de gas. Pero el ministro excluye de la definición de servicio público la fijación del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), es decir en boca de pozo, por lo cual no habría obligación de llamar a una audiencia pública previa a la Resolución ministerial 28/16. Aranguren niega que los aumentos sean para financiar los gastos del Estado, pero admite que “son sumas que perciben las licenciatarias para comprar el gas que deben distribuir”, es decir recomponer la tasa de ganancia de las petroleras que lo extraen y comercializan. El ministro también especifica que transporte y distribución sólo explican el 30 por ciento del monto de la factura. El 70 por ciento restante es el valor del gas en boca de pozo, lo cual pone de relieve la absoluta irracionalidad económica y política de excluir nada menos que esta cuestión del análisis. Una pregunta obvia es por qué deberían ser “justas y razonables” las tarifas y no el precio que las petroleras cobran por el gas. Si se admitiera ese razonamiento, las audiencias públicas (tanto la que deberá convocar la autoridad administrativa, como aquella que acaso cite la Corte Suprema antes de pronunciarse) girarían sólo sobre temas menores. El diputado camporista Rodolfo Tailhade recordó que el precio en boca de pozo “es el negocio que el ministro le garantizó a Shell”, de la que es accionista. En su defensa, Macrì explicó que las acciones de Aranguren son una parte minúscula del capital de la transnacional anglo-holandesa, un argumento falaz que no sostendría en una reunión de negocios, ya que es obvio que una decisión que aumente la rentabilidad de la empresa no beneficia sólo a los accionistas principales sino a todos. Esos 16 millones de pesos en acciones podrán ser pocos para Shell, pero son muchos para cualquier argentino.
El costo de extracción es el agujero negro, que las petroleras ocultan y el gobierno nacional soslaya, sin que las provincias petroleras reclamen, porque cuanto mayor es el precio en boca de pozo, más se valoriza el 12 por ciento de regalías que perciben. La mayor perjudicada es la provincia de Buenos Aires, que no produce energía pero consume más del 40 por ciento del total nacional, pero la disciplina política amordaza al Hada Buena, que no dice esta boca es mía. En un artículo publicado en El Economista el ex subsecretario de Economía en el último gobierno de Perón, Carlos Leyba, sostiene que tanto “la política del secretismo y la sorpresa, característica del kirchnerismo” como la denominada “sabiduría del mercado en cuestiones estratégicas propias del menemismo”, han operado “contra el bien común”. A su juicio, “si el precio del gas en boca de pozo llegara a quedar fuera de las audiencias públicas, por la presión de la corporación de concesionarios petroleros, las mismas serán una farsa. El precio del gas es la cuestión principal”. Desde la privatización de hace un cuarto de siglo, el Estado no audita el verdadero costo de la extracción, ni las reservas y la producción. Todos esos datos que el Estado da por buenos proceden de las declaraciones juradas de las petroleras. Por eso, “seguramente las reservas están subestimadas y los costos están sobreestimados. Si fuera así, la ausencia del Estado en la generación de información, tendería a aumentar el estado de colapso y deja al Estado y a la sociedad indefensos frente a la presión de las petroleras”. Su conclusión es que “no podrá haber política energética ni política de precios y tarifas sostenible si no se pone en blanco y negro el precio del gas en boca de pozo. Sin esa información no podremos entender por qué con 7,50 dólares el MMBTU no aumenta la producción ni la exploración y por qué el precio promedio en boca de pozo que ha desatado la rebelión es mucho mayor al Henri Hub o al procedente de África aún en las últimas licitaciones que han aumentado casi el 40 por ciento por sobre las anteriores. Hay en juego 4 mil millones de dólares y un problema político de enorme gravedad”.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Táctica y estrategia
Por Horacio Verbitsky
Pese a las
objeciones del jefe de gabinete, Marcos Peña Braun, del ministro de
Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat-Gay y del de Obras Públicas e
Interior, Rogelio Frigerio (n), Macrì sigue confiando en Aranguren,
entre otras cosas porque todos saben que el presidente fue el primer
entusiasta del tarifazo. Pero después de las manifestaciones del jueves,
que el gobierno intentó atribuir al “kirchnerismo duro”, el costo de
sostener al ministro puede volverse insoportable. Si el gobierno
realmente pensara que CFK conduce una diversidad tan apreciable,
multisectorial y policlasista, extendida en todo el país y que incluye
hasta votantes desilusionados del macrismo, se cuidaría de decirlo. Lo
indudable es que la ex presidente supo prever como nadie ese efecto de
las políticas oficiales. Lo anticipó al abrir las sesiones del Congreso
del año pasado, cuando dijo que dejaba un país muy cómodo para la gente y
muy incómodo para los gobernantes que la sucedieran. Lo reiteró al
despedirse ante la Plaza de Mayo colmada como nunca la última noche de
su gobierno, al proclamar a cada argentino como el dirigente de su
destino y el constructor de su vida y jactarse de que lo que ella llama
empoderamiento popular es su mejor legado al pueblo argentino. Y volvió a
plantearlo el 13 de abril en Comodoro Py, cuando exhortó a la
construcción de un Frente Ciudadano, plural, con el único punto de
unidad de reclamar por los derechos perdidos, porque “la cuenta de luz,
de gas, y el chango del supermercado lo tienen que llenar igual los k,
los anti-k y todos” y propuso que si los dirigentes no responden, “tomen
la bandera, y marchen adelante, no esperen salvadores ni mesías”. Pero
estas definiciones no sirven como orientación para quienes están
ocupando posiciones con vistas a los primeros comicios de renovación
legislativa durante este mandato, dentro de poco más de un año. Tampoco
le sirvió a los descamisados de 1955 la explicación de Perón de que
entre la sangre y el tiempo elegía el tiempo, ni a sus confundidos
seguidores de 1974, su despedida comunicándoles que su único heredero
sería el pueblo. Por encima de tales coyunturas adversas ese liderazgo
se proyectó hacia el horizonte. Esa es la apuesta de Cristina, cuyo
pensamiento estratégico no tiene una expresión táctica y apunta antes
que a la generación de su hijo Máximo y de Wado de Pedro, a los pibes
que hoy tienen entre 15 y 20 años. Esto puede ser un consuelo para
Macrì, cuya competencia se reduciría así al Círculo Rojo de los grandes
grupos económicos locales, encabezados por Techint y Clarín, cuya
expresión política es el diputado nacional Sergio Massa, a quien ahora
parecen subordinarse las doce tribus del justicialismo, como se aprecia
en la excursión a Tigre de Juan Manuel Abal Medina, Oscar Romero, Miguel
Pichetto, José Mayans, María Laura Leguizamón y Teresita Luna. De todos
modos, no puede descartarse que la respuesta social al ajuste engendre
una de las periódicas convulsiones que en este país trastornan cualquier
cálculo político y que ese posible cuadro condicione a aquellos actores
políticos que prefieren el opoficialismo a la denuncia y la resistencia
y acelere las causas judiciales que por ahora con lentitud se ciernen
sobre Macrì a partir de los Panama Papers. Pero esas son apenas
conjeturas.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Claves
- El 4 de
julio la Cámara Federal de Córdoba suspendió por tres meses el tarifazo
en esa provincia y ordenó a la distribuidora Ecogas refacturar y no
cortar el servicio.
- El 5 de julio el ministro de Justicia Germán Garavano urgió a la
Corte Suprema a “generar certidumbre” sobre las tarifas de gas y
electricidad.- El mismo 5 de julio el asesor presidencial Ernesto Sanz, amigo personal de Lorenzetti, dijo en un almuerzo en la Bolsa de Comercio de Córdoba que la Corte Suprema resolvería en pocos días la cuestión de fondo de las tarifas.
- También el 5 de julio se dio por concluido el convenio “Plan Viaje por el País con Anses y Aerolíneas Argentinas” que permitía a los jubilados la compra de pasajes a pagar en tres años y medio.
- El 7 de julio la Cámara Federal de La Plata declaró nulo en todo el país el tarifazo del gas.
- El 9 de julio, Aerolíneas Argentinas dispuso que los ministros de la Corte Suprema podrán viajar en clase ejecutiva sin pagar por ello.
- El 12 de julio, la Corte presentó al gobierno nacional un cuestionario sobre la fundamentación y racionalidad del tarifazo.
- Ese mismo día, Lorenzetti realizó una visita furtiva a Macrì en la Casa Rosada. El viernes se casó.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Escala de valores
Por Horacio Verbitsky
Al mismo
tiempo que hizo la gracia a los ministros de la Corte Suprema de
Justicia, Aerolíneas Argentinas dio de baja los créditos para jubilados y
pensionados, que regían desde junio de 2012 y les permitían comprar
pasajes en Aerolíneas Argentinas con su tarjeta Argenta por hasta 10.000
pesos de entonces, con dos meses de gracia para empezar los pagos y
cuarenta cuotas en pesos. Una circular de la Dirección de Procesos
Administrativos y Técnicos de Anses del primer día de este mes informó
que el 5 de julio “finaliza el convenio Plan Viaje por el País con Anses
y Aerolíneas Argentinas”. Estas prerrogativas excepcionales para los
más poderosos y la simultánea privación de derechos adquiridos para los
más débiles exponen la escala de valores con que se maneja la
administración que teme ser considerada el gobierno de los ricos, porque
sabe que lo es y le inquietan sus consecuencias políticas y
electorales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario