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miércoles, 7 de marzo de 2018

Tinkunaco 0491/18 - La Rioja - La Justicia Federal resolvió favorablemente la cautelar que dispone medidas de protección al edificio donde funcionó la Policía Federal como centro de detención ilegal de tortura.




La Justicia Federal resolvió favorablemente la cautelar  que  dispone medidas de protección al edificio donde funcionó la Policía Federal.

El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Délfor Brizuela, manifestó su satisfacción con el fallo de la Justicia Federal, que asegurará que  la estructura edilicia no siga siendo “destrozada ni  desmantelada”.

Después de casi nueve meses de presentada la medida cautelar de no innovar por parte del Ministerio Público Fiscal  para frenar el desmantelamiento de la Casona de la calle Adolfo E. Dávila (Ex Policía Federal), el Juez Federal de La Rioja dio lugar al pedido y autorizó la permanente custodia policial para el resguardo del inmueble. 

La medida, que fue presentada por la Fiscal María Virginia Miguel Carmona y llevó la adhesión de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, fue presentada en junio de 2017, y hace dos semana el juez Federal resolvió hacer lugar a la cautelar.

“Hasta tanto se cumplimente todos los pasos administrativo para concretar  la expropiación de urgencia sancionada ya hace más de un año -que está muy demorada por los organismos provinciales-, esta disposición salvaguarda la memoria y las pruebas judiciales que puede aportar la Casona por donde pasaron decenas de presos políticos”, dijo Brizuela.

El inmueble forma parte de las pruebas  judiciales en causas de delitos de lesa humanidad que se siguen en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja. Fue señalado por ex presos políticos como un Centro de Detención ilegal de tortura que funcionó durante la dictadura militar, por el cual pasaron decenas de riojanos.

El inmueble fue señalizado en marzo de 2015 como Sitio de la Memoria en el marco de la Ley Nacional 26.691.

A fines de 2016 la Legislatura Provincial expropio el inmueble, declarándolo mediante Ley Provincial N° 9.926 "de utilidad pública y sujeto a expropiación de urgencia", para ser destinado al funcionamiento del Espacio Provincial de la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la provincia, Ley que fue publicada en el Boletín Oficial el 10 de marzo de 2017.

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